Lijo mandó un exhorto a Suiza: la FIFA deberá explicar tres giros a Tapia

El juez federal Ariel Lijo firmó este viernes una resolución que apunta a reconstruir el patrimonio de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA. La batería de medidas responde a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita y llega en el marco de la causa en la que el dirigente está investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Entre las medidas más resonantes, el juez ordenó un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA, con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de tres transferencias que le hizo a Tapia: US$49.585 en diciembre de 2018, US$124.583 en junio de 2019 y US$15.408 en marzo de 2020. Las dos primeras se acreditaron en una caja de ahorros en dólares del Banco Credicoop; la tercera se liquidó en pesos en otra cuenta de la misma entidad. En total suman unos US$189.577.

Qué le pidió a la FIFA y a la AFA

Lijo también le reclamó a la FIFA el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas y viáticos que le abonó a Tapia desde 2016, con los cargos o comisiones que los justificaron y las cuentas de destino.

A la AFA le exigió las actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Tapia de tarjetas adicionales Visa y Cabal de cuentas de la asociación, además de tarjetas American Express Corporate. Pidió los límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con comprobantes. Y quiere saber si esos consumos se imputaron como remuneración, retribución en especie o anticipo a cargo del dirigente.

El juez también pidió que la AFA explique el concepto de cinco transferencias a cuentas del Credicoop entre 2020 y 2023 —la mayor, de $1.251.000, en abril de 2023— y cómo se liquidaron los $30 millones en viáticos que Tapia declaró haber cobrado de la entidad.

El sindicato de Camioneros y los depósitos

Lijo ordenó que el Sindicato de Choferes de Camiones informe el concepto de 37 depósitos por un total de $1.494.678 que hizo entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia. Reclamó su legajo, los cargos que ocupó en el gremio, los recibos de haberes y las fechas de alta y baja.

En el sindicato ya empezaron a preparar los papeles: Tapia tiene el número de afiliado 87.304 y figura a sueldo del gremio pese a que no presta servicios allí desde hace años, según confirmaron fuentes sindicales a LA NACION.

El foco en Paola Moyano

La resolución levanta los secretos fiscal, bursátil, bancario y el que protege la información de la Unidad de Información Financiera respecto de Paola Moyano, exesposa de Tapia e hija del dirigente camionero Hugo Moyano.

A la ARCA le pidió que reconstruya “de manera integral” su situación fiscal y patrimonial: declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales, bienes en el país y el exterior, deudas y préstamos, facturación, participaciones societarias, alquileres, cuentas en billeteras virtuales y criptoactivos, e información de intercambio internacional sobre cuentas en el exterior.

También deberá informar si tuvo vínculos con contribuyentes de la base APOC, es decir, emisores de facturas apócrifas, y si declaró ingresos o egresos de dinero por la Aduana. Lijo sumó un pedido al Banco Central para que circularice a todas las entidades financieras y detecte cuentas, cajas de seguridad, tarjetas y giros al exterior a nombre de Moyano, y que la Caja de Valores y Coelsa informen sus cuentas comitentes y transferencias.

Blanqueo, autos y cuentas

El juez le pidió a ARCA que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos o al régimen especial de Bienes Personales de la ley 27.743, el blanqueo de 2024, y en ese caso qué bienes, monedas y valores declararon y qué pagos hicieron.

Al Registro de la Propiedad Automotor le ordenó que informe de qué vehículos Tapia figuró como “autorizado” desde 2016 y que remita los legajos de cuatro autos a su nombre, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020.

Pidió al Credicoop y al Banco de Servicios y Transacciones todos los movimientos de dos cuentas comitentes de Tapia, abiertas en 2017 y 2021, y las cuentas desde las que entró y salió el dinero. Los bancos Nación, Ciudad, Coinag y Galicia tienen 72 horas para informar cualquier producto que Tapia tenga o haya tenido en cualquier carácter.

La Oficina de Integridad Pública del gobierno porteño tiene el mismo plazo para decir dónde y cómo se guardan las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022, con sus anexos reservados, y quién está a cargo de esa documentación. A la Ceamse le preguntó si aparecieron los registros laborales de Tapia de marzo y diciembre de 2006.

También pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que informen si Marisa Galarza ejerce como escribana y qué registro tiene a su cargo.

Otras causas y pedidos pendientes

Lijo pidió certificar el estado de siete expedientes en los que aparece Tapia o la AFA —en los juzgados en lo Penal Económico 2, 5, 7 y 8, en dos juzgados criminales y correccionales y en el juzgado federal de Campana— y que le envíen copias de todo lo vinculado con su patrimonio desde 2016. Varias de esas causas fueron impulsadas por el empresario Guillermo Tofoni.

Por último, el juez reiteró los pedidos de información que había hecho el 16 y 17 de septiembre a la CNV, la UIF, la IGJ, el INAES y el Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense, a 16 plataformas de criptoactivos (entre ellas Binance, OKX y Ualá) y a remesadoras como Banco Piano y Western Union local, que todavía no respondieron.

La investigación fue impulsada por el fiscal Pollicita a partir de una denuncia de Tofoni y quedó en manos de Lijo después de que la Cámara Federal porteña resolviera un conflicto de competencia entre distintos juzgados. Es el cargo de Tapia en la Ceamse, y no la presidencia de la AFA, lo que permite investigarlo por enriquecimiento ilícito, un delito que solo pueden cometer funcionarios públicos.