Litio en Salinas Grandes: avanzan las perforaciones y la Justicia ya tiene la causa en sus manos
Las comunidades de Salinas Grandes y Guayatayoc advierten que las perforaciones de litio ya están en marcha y que el agua que usan para vivir corre riesgo. La Justicia tiene la causa, pero el reloj sigue corriendo.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y comunidades indígenas de Jujuy presentaron un amparo ante el Juzgado Ambiental de la provincia para frenar los monitoreos y los pozos de exploración de litio en Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc. La presentación incluye un pedido de medida cautelar para detener de inmediato las tareas que la empresa Agilin Resources lleva adelante en la zona.
Esta semana se concretaron nuevos monitoreos ambientales vinculados a cuatro pedimentos mineros y cateos con exploración de litio aprobada. En diálogo con Radio 2, Cecilia Jezieniecki, referente de la FARN, detalló las irregularidades del proceso y las acciones legales que ya están en curso.
Perforaciones de 600 metros y un alerta por el agua
La empresa Agilin Resources tiene autorizada la exploración y la realización de pozos perforatorios de tipo Rotary y Diamantina de unos 600 metros de profundidad. La fase inicial busca recopilar información sobre el suelo y el recurso para una eventual explotación, pero desde la FARN advierten que no existen líneas de base ambiental adecuadas ni información pública clara sobre el funcionamiento hídrico de los salares.
Los estudios técnicos de especialistas enumeran los peligros concretos de estas perforaciones. Por un lado, los pozos proyectados tienen capacidad de contaminar y mezclar la primera capa de agua subterránea, tanto dulce como salada. Por otro, la minería de litio demanda grandes cantidades de agua: se estiman unos dos millones de litros por tonelada de litio extraída, a lo que se suma el efecto de bombeo que "chupa" el agua dulce circundante y seca aguadas que históricamente se usaban para la pastura de animales.
El tercer punto que cuestionan es la falta de información. Los impactos de los pozos Rotary y Diamantina no fueron informados ni considerados en las reuniones de las UGAM (Unidades de Gestión Ambiental Minera), donde los efectos se minimizaron mencionando solo la presencia de ruidos o polvo.
Consulta previa: quiénes quedan afuera
Comunidades y FARN denuncian que los proyectos avanzan sin cumplir con el derecho a la consulta previa, libre e informada consagrado en el Convenio 169 de la OIT. Según explicaron, el gobierno provincial y las empresas limitan la consulta a determinados superficiarios o comunidades con títulos formales o RETEHES aprobados, dejando de lado a una gran parte de los pobladores ancestrales que habitan el territorio pero cuyas tierras no están regularizadas.
También apuntan contra el Ministerio de Ambiente provincial. Sostienen que el organismo no realiza un control sustantivo ni evalúa los riesgos de los informes de impacto ambiental presentados por las empresas. Su intervención, dicen, se limita a emitir dictámenes formales que indican que no hay zonas protegidas o reservas naturales en el área, delegando de hecho toda la supervisión en la autoridad minera. A eso suman un fuerte hermetismo y burocracia para acceder a los expedientes públicos, con un lenguaje sumamente técnico que dificulta la comprensión de los pobladores locales.
El amparo y los plazos
La acción de amparo fue presentada ante el Juzgado Ambiental de Jujuy contra el Estado provincial y la empresa titular de los pedimentos. En la presentación se solicitó una medida cautelar para frenar de inmediato los procesos de monitoreo y la ejecución de los pozos Rotary y Diamantina.
Se espera que el proceso judicial demande entre seis meses y un año hasta obtener una sentencia definitiva. Mientras tanto, las comunidades continúan manifestando su oposición en el territorio para defender el agua, recurso vital para su subsistencia.
