Llamó al 911 pero nunca llegaron: el femicidio de una adolescente que expuso la falla del Estado

En diciembre de 2020, Florencia Romano, de 14 años, fue asesinada en Maipú mientras un vecino alertaba al 911 sin obtener respuesta. Ahora, la Corte Suprema incluyó el caso en un compendio de 24 sentencias por femicidios, marcando un precedente sobre la responsabilidad estatal.

La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seleccionó el expediente de Florencia Romano para su Compendio de Jurisprudencia sobre Femicidios. A diferencia de la mayoría de los fallos recopilados, que se centran en la condena del agresor, el caso mendocino analiza la responsabilidad civil del Estado por una falla en el sistema de emergencias.

¿Qué pasó esa noche?

El 12 de diciembre de 2020, Florencia salió de su casa en Rodeo de la Cruz y se dirigió a una vivienda de Maipú. Allí, Pablo Arancibia la asesinó. El femicida fue condenado a prisión perpetua. Pero durante la investigación surgió un detalle escalofriante: un vecino llamó al 911 alertando sobre gritos y violencia dentro del domicilio. La llamada nunca derivó en una intervención policial. La operadora no activó el protocolo correspondiente.

Los padres de Florencia demandaron a la Provincia de Mendoza, argumentando que hubo una omisión estatal ante una alerta concreta de riesgo. El tribunal, en 2022, les dio la razón: consideró que existió una omisión antijurídica al no respetarse los protocolos del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), la normativa provincial y los compromisos internacionales asumidos por Argentina contra la violencia de género.

Un fallo que marca un antes y un después

La sentencia no afirmó que la intervención policial hubiera garantizado otro resultado, pero sí estableció que existía una posibilidad concreta de prevenir la muerte que no fue atendida. El caso incorpora una idea clave: la responsabilidad estatal no termina con investigar y sancionar el crimen; también incluye el deber de prevención y actuación diligente cuando hay información sobre una situación de riesgo.

El compendio reúne sentencias que aplican normas como la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y la Ley 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. De las 24 sentencias, solo tres abordan la responsabilidad civil de organismos estatales por fallas vinculadas a femicidios. Además del caso mendocino, se destacan dos precedentes: uno en Salta, donde una mujer fue asesinada por su esposo dentro de una unidad penitenciaria, y otro en Tucumán, donde la víctima había realizado 13 denuncias previas y el Estado no actuó a tiempo.