Llamó al 911 y nombró a Pullaro, a los fiscales y a la policía: la frase que activó todas las alarmas
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Llamó al 911 y nombró a Pullaro, a los fiscales y a la policía: la frase que activó todas las alarmas

Una voz anónima mencionó a Pullaro, a los fiscales y a la policía, y dejó una advertencia que encendió las alarmas en Santa Fe. El pedido estaba vinculado a un detenido de peso. Qué se sabe hasta ahora.

Una comunicación brevísima al servicio de emergencias de Rosario puso en alerta a la provincia de Santa Fe. Del otro lado de la línea, una voz mencionó al gobernador Maximiliano Pullaro, a los fiscales y a la Policía santafesina, y dejó una advertencia que heló la central: “Si no lo liberan voy a empezar a matar gente”. El pedido apuntaba a Santino Alvarado, el joven de 21 años detenido días antes y acusado de narcotráfico y lavado de dinero.

La llamada se registró el domingo, según reconstruyó LA NACION con fuentes del gobierno provincial. Duró apenas unos segundos. El número desde el que se emitió fue identificado: pertenece a una mujer y la línea continúa operativa. La duda que quedaba por resolver era si el teléfono había sido robado o si su dueña lo había vendido.

Una amenaza bajo sospecha

Los investigadores fueron prudentes. La pesquisa deberá establecer si se trató de una amenaza genuina. Tampoco puede darse por sentado que el nombre de Santino Alvarado indique que el llamado provino de su entorno criminal. Su padre, Esteban Lindor Alvarado, preso en Ezeiza, tiene un historial de maniobras en ese sentido: solía adjudicar amenazas a Los Monos para desviar la investigación hacia sus rivales y alejarla de él.

El operativo que terminó con Santino Alvarado tras las rejas

La detención del joven se produjo el jueves anterior en el barrio Solares de Funes, en la periferia de Rosario, en el marco de un despliegue de la Policía Federal. Ese operativo incluyó 38 allanamientos distribuidos entre Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, con un saldo de 12 personas detenidas. Los efectivos incautaron cocaína, armas, una granada, vehículos y más de 21 millones de pesos. De acuerdo con la fuerza federal, Santino Alvarado destruyó tres celulares durante el procedimiento.

La causa busca determinar si la organización que había montado su padre siguió operando. La acusación sostiene que Santino y Claudio Tavella, abogado del jefe narco, habrían cumplido el rol de organizadores y enlaces de una estructura que habría continuado con la venta de drogas y armas. Al día siguiente de los allanamientos, el juez federal Carlos Vera Barros indagó a Esteban Alvarado, quien cumple prisión perpetua en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza bajo un régimen de máxima seguridad.

Un patrón que se repite

Desde la Casa de Gobierno santafesina advirtieron que este tipo de intimidaciones no son novedad: reciben amenazas con una frecuencia casi semanal. Para el Ejecutivo provincial, las bandas atribuyen su situación a la política de encarcelamiento de sus líderes impulsada por Pullaro, y no a los delitos que cometieron. Los funcionarios sostienen que las organizaciones criminales no están desarticuladas y reclaman un debate legislativo para reforzar la seguridad.

El antecedente de Ceres

Tres semanas atrás, la fiscalía trabajaba en otro episodio. El 27 de octubre, Pullaro había estado en Ceres para inaugurar obras públicas. Pasadas las cinco de la mañana del día siguiente, una persona llamó al 911 sin identificarse para denunciar puntos de venta de droga en esa localidad y alertar sobre un posible atentado contra el gobernador. Realizó tres llamados en menos de diez minutos.

Según la denuncia, tres vecinos de Ceres habrían contratado a un sicario en Selva, Santiago del Estero. Un empresario gastronómico de esa ciudad se habría encargado de trasladarlo, y el disparo se habría efectuado desde la propiedad de otro de los sospechosos. El fiscal Emiliano Odriozola, del Ministerio Público de la Acusación, ordenó allanar tres viviendas. Quedaron detenidos M. A. G., el empresario gastronómico, y P. A. P., de 66 años, sindicado como el principal sospechoso. A este último le secuestraron un revólver calibre .32 largo con cinco cartuchos en condiciones de uso. El presunto tirador aún no fue localizado. En el entorno de Pullaro calificaron el asunto como “serio”.

Fusiles enterrados y una hipótesis de atentado

El 4 de marzo, en Roldán, la policía desenterró fusiles Colt calibre 5.56 y Norinco —la versión china semiautomática del AK-47— ocultos en tambores de plástico en un terreno vinculado a Enzo Benítez, alias “Gordo Enzo”, sobre quien pesa un pedido de captura. Los investigadores relacionaron el arsenal con la Banda de Los Menores, cuyo líder, Matías Gazzani, está prófugo.

La sospecha del gobierno provincial es que el objetivo era Pullaro. Informes de inteligencia provenientes de tres fuentes distintas indican que esos fusiles podrían perforar un vehículo blindado. Las mismas fuentes vincularon el plan con la cárcel de Piñero. El fiscal Ignacio Hueso imputó por asociación ilícita a Rodrigo Gabriel Cappelletti y Lautaro Noriega, acusados de custodiar el armamento. En el expediente, la hipótesis del atentado sigue siendo una sospecha del gobierno y no una conclusión judicial.

Más de medio centenar de amenazas

Durante su participación en Expo Seguridad, la semana previa al episodio de Ceres, Pullaro reveló que había recibido más de 56 amenazas desde que asumió hasta la “semana trágica” de marzo de 2024. Ese mes, tras el crimen de Bruno Bussanich, empleado de una estación de servicio, apareció un mensaje que decía: “Esta guerra no es por el territorio, es contra Pullaro y Cococcioni”. El texto estaba firmado por “Zona Norte, Zona Sur y Oeste unidos”. Pablo Cococcioni es el ministro de Seguridad provincial.

En abril de 2024, después de que al menos 13 autos fueran incendiados en una misma madrugada, surgieron carteles contra Pullaro, Cococcioni y la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Uno de ellos expresaba: “Queremos nuestros derechos, las visitas y las llamadas”. La reacción se producía frente a las restricciones dispuestas en los pabellones de presos de alto perfil. En diciembre de ese año circuló un video en el que cuatro jóvenes armados y encapuchados le exigían a Pullaro que revelara “el arreglo” para pacificar Rosario. En Santa Fe lo tomaron con cautela.

Cuando los carteles apuntaban entre bandas

Los mensajes no siempre tuvieron como destinatario al gobierno. Entre fines de 2022 y febrero de 2023, las facciones de Pablo Nicolás Caminos y de Ariel Máximo “Guille” Cantero se acusaron por escrito mediante notas dejadas en ataques y homicidios. En la primera se mencionaba a Leandro Vilches y Eric Masini; en la segunda, a Leandro “Pollo” Vinardi y Damián “Toro” Escobar.

El 31 de diciembre de 2022 balearon la Defensoría Zonal de Villa Gobernador Gálvez. En la puerta dejaron un cartel dirigido a “Toro y Pupito” en el que les pedían que dejaran de “escrachar a los pibes con carteles” y les advertían que “ni Guille” los iba a salvar. El 23 de enero, en la calle Gallegos al 1100, mataron a Brian Emanuel Álvarez e hirieron a Marcelo Rolón. Cerca había una nota “para el ortiva del Eri y el gordo Vilches”.

El 1 de febrero mataron de tres disparos a Lorenzo “Jimi” Altamirano frente al estadio de Newell’s. Entre su ropa encontraron un papel con los nombres de Escobar, Vinardi y Gerardo Gómez, a quienes acusaban de sacar “chicos del club para tirar tiros”. Ese mismo día balearon la Subcomisaría 26ª de Villa Gobernador Gálvez y dejaron un mensaje similar. El 4 de febrero hubo disparos contra el Polo Tecnológico y contra el Sindicato de la Industria de la Carne. Las notas les indicaban a Masini y a Vilches que dejaran de “pasarle dato a los fiscales”.

El 9 de febrero, en un autoservicio de la calle Gandhi al 7200 y en una sucursal del Nuevo Banco de Santa Fe aparecieron notas que pedían a los rivales que dejaran de “nombrar a los pibes con carteles” y que “guerreen de callado”. El 20 de febrero, junto al cuerpo de Yamil Ortigoza, de 18 años, dejaron otro cartel: “Nico Caminos, dejá de matar gente inocente”. Tres días después, otra nota agregó: “Dejen de batir la cana”.

En esos meses, cada facción utilizó los mensajes para nombrar a la otra y acusarla de colaborar con la policía y los fiscales. Hoy, las notas y las llamadas apuntan al gobernador, a los fiscales y a la policía.

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