Llaryora firmó un proyecto que promete 15 años sin impuestos: dónde y quiénes podrían acceder

El gobernador Martín Llaryora, junto al ministro de Producción Fernando Sibilla, firmó y envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que crea el Régimen de Incentivo a las Inversiones, la Innovación y el Empleo. La iniciativa busca unificar las normas de promoción industrial vigentes, simplificar el acceso a los beneficios y dar reglas claras a las empresas que apuesten por Córdoba.

El texto apunta tanto a industrias que se radiquen en la provincia como a las que ya están instaladas. Promueve la inversión en maquinaria, equipos y otros activos productivos, la incorporación de tecnologías de Industria 4.0 y la instalación de empresas en parques industriales.

Beneficios impositivos: 10 años, con extensiones

En el régimen general, los proyectos que cumplan los requisitos podrían acceder a exenciones del 100% en Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario por 10 años. El plazo se estira a 15 años para las inversiones en las zonas del noroeste y el sur contempladas en el proyecto, y también para las empresas que se radiquen en parques industriales.

Para las pymes, la propuesta incorpora una asignación estímulo a la capacitación por cada nuevo trabajador contratado a jornada completa y por tiempo indeterminado. El valor equivale a un salario mínimo, vital y móvil durante un año, y se amplía a dos años en los proyectos alcanzados por los beneficios incrementales.

Régimen simplificado y requisitos

El proyecto también establece un régimen simplificado para empresas cuyos ingresos brutos anuales no superen los $4.500 millones. Para acceder a la exención de Ingresos Brutos sobre su actividad industrial, deberán realizar inversiones en activos fijos por un monto equivalente, como mínimo, al 1,2% de la base imponible provincial de esa actividad correspondiente al año anterior. La exención no alcanzaría a las operaciones con consumidores finales.

La incorporación de tecnologías de Industria 4.0 —como inteligencia artificial, fabricación aditiva y sistemas aplicados a los procesos productivos— es otra de las modalidades promovidas por el régimen general y está prevista para empresas categorizadas como pymes.

La iniciativa contempla, además, beneficios impositivos por cinco años para los parques o áreas industriales que operen bajo una forma jurídica propia. También faculta al Poder Ejecutivo a acordar líneas de crédito especiales, a tasas preferenciales o subsidiadas, para los proyectos comprendidos en la ley.

Los beneficios concedidos bajo las normas actuales conservarían sus plazos y condiciones. El nuevo régimen, de ser aprobado, entraría en vigencia el 1 de enero de 2027 y se extendería hasta el 31 de diciembre de 2036.