Llaryora promulgó la ley antibúnker: ¿qué pasará con los inmuebles de los narcos?

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, puso en vigencia la denominada ley antibúnker, que permite desde clausuras hasta la demolición de inmuebles utilizados para actividades delictivas. La norma apunta a desmantelar los puntos de venta de drogas y recuperar espacios para la comunidad.

Cuando se aprobó, Llaryora destacó que esta herramienta se suma a la creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico y a la designación de fiscales específicos. “Córdoba es hostil al narcotráfico”, declaró en aquel momento.

¿En qué consiste la ley?

La norma declara de interés público el ordenamiento territorial de seguridad y habilita la identificación, intervención, resguardo y recuperación de inmuebles que funcionen como búnkeres, aguantaderos o guaridas del delito. También contempla casos donde el abandono o deterioro genere un riesgo para la comunidad, aunque aclara que la falta de uso por sí sola no justifica la intervención estatal.

Entre las medidas previstas se encuentran el tapiado, cerramiento, clausura provisoria, bloqueo de accesos y custodia preventiva. Las intervenciones tendrán carácter preventivo, temporal y proporcional, con un plazo inicial de hasta seis meses, prorrogable si persisten las condiciones que las motivaron.

¿Qué pasa con los casos judiciales?

La ley delimita los casos que deberán tramitarse por vía judicial, como aquellos con ocupación efectiva del inmueble, conflictos sobre derechos de posesión o cuando se requieran medidas que excedan el carácter preventivo del régimen administrativo. En materia de narcotráfico, se modifica la Ley Provincial 10.067 para que el fiscal especializado pueda solicitar al juez la clausura, aseguramiento, exclusión de personas vinculadas y, como medida excepcional, la demolición total o parcial de las estructuras, siempre con resolución judicial fundada.

¿Quiénes coordinarán las intervenciones?

Se crean la Unidad Interagencial de Bienes Intervenidos y el Registro Provincial de Bienes Intervenidos, que coordinarán el trabajo entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y Trabajo, el Ministerio Público Fiscal, la Policía de Córdoba, la Fuerza Policial Antinarcotráfico y los gobiernos locales para planificar, ejecutar y monitorear las intervenciones.

¿A dónde irá el dinero recuperado?

El producido de la venta de bienes decomisados se distribuirá de la siguiente manera: el 60% se destinará al fortalecimiento operativo, tecnológico y logístico de la FPA, mientras que el 40% financiará programas de prevención, asistencia a víctimas, abordaje de consumos problemáticos y otras políticas públicas. Además, los vehículos y otros bienes podrán ser asignados judicialmente a la FPA y al Fuero de Lucha contra el Narcotráfico para su uso operativo.