Llaryora se planta ante la 'ley de leyes' y apunta contra dos recortes que golpean a Córdoba

El gobernador Martín Llaryora salió a marcar la cancha frente al proyecto de Presupuesto nacional 2027 y pidió a los legisladores cordobeses que no acompañen los recortes previstos en áreas sensibles. La definición llega mientras el Gobierno nacional negocia votos con los bloques aliados para aprobar la llamada “ley de leyes”.

El punto más caliente para Córdoba es la política de discapacidad. Llaryora fue tajante: “Los fondos y las políticas de discapacidad no son negociables”. El proyecto modifica disposiciones de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad y elimina mecanismos de financiamiento y actualización de las prestaciones.

“No vamos a acompañar ningún recorte del Presupuesto nacional que afecte estos derechos”, advirtió el gobernador, que también alertó sobre el riesgo que implica una menor participación del Estado nacional en el financiamiento de las prestaciones.

El reclamo que viene de atrás

La postura provincial no nació este domingo. Durante la semana, funcionarios y legisladores cordobeses ya habían cuestionado los cambios incluidos en el Presupuesto. Liliana Montero, secretaria general de Salud y Desarrollo Humano de la Provincia, planteó reparos por el impacto que las modificaciones podrían tener sobre el sistema, y otros representantes cordobeses llevaron la discusión al Congreso.

Desde la Provincia remarcan que el problema excede el monto de una partida: está en juego el sostenimiento de una red de instituciones y profesionales que brinda tratamientos, acompañamiento y transporte. Con menos recursos nacionales, esa estructura quedaría bajo mayor presión financiera.

Llaryora sostuvo que Córdoba seguirá trabajando con municipios y organizaciones para sostener la atención, pero advirtió que ese esfuerzo no alcanza si la Nación reduce su participación. “Las necesidades de las personas no desaparecen, y sus derechos tampoco”, afirmó.

Universidades, el otro frente de conflicto

El capítulo de discapacidad no es el único que genera reparos. El proyecto también abrió una discusión por los recursos destinados a las universidades nacionales, que reclaman una actualización de sus partidas para funcionamiento, salarios e infraestructura.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) cuestionó los fondos previstos para el próximo ejercicio y los consideró insuficientes frente a las necesidades del sistema. La discusión universitaria se suma a otros sectores que piden modificaciones antes del tratamiento final.

En este escenario, la postura de Córdoba pesa dentro de la negociación parlamentaria: el oficialismo necesita construir acuerdos y ya empezó a revisar los puntos de mayor resistencia, entre ellos discapacidad y universidades.

Por ahora, Llaryora fijó una posición concreta sobre esos capítulos, pero no existe una decisión formal de la Provincia de rechazar el Presupuesto en su totalidad. La discusión seguirá en las comisiones del Congreso, donde se definirán los cambios que lleguen al recinto.