¿Llegan antes de fin de mes? El oficialismo acelera el Súper RIGI y la ley de Lobby en Diputados

La Casa Rosada ya tiene fecha en el calendario: el 24 de junio podría ser el día en que el Súper RIGI y la ley de Lobby lleguen al recinto de Diputados. Pero los presidentes de las comisiones clave, Bertie Benegas Lynch y Nicolás Mayoraz, todavía no confirman cuándo se firmarán los dictámenes.

¿Qué pasó en el plenario del Súper RIGI?

Las comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia avanzaron con el debate del proyecto, aunque sin fecha cierta para el dictamen. La semana que viene habrá una nueva reunión informativa y recién después empezarán a discutir el texto.

La diputada oficialista Silvana Giudici defendió la iniciativa: “Apuntamos a poner a la Argentina en el radar de las grandes inversiones del mundo”. Y cuestionó a la oposición: “Por un lado quieren hablar del RIGI, pero cuando uno les cuenta los 39 proyectos ya aprobados, dicen que no, que hablemos del Súper RIGI. Y cuando hablamos de eso, piden saber sobre el compre local o el costo fiscal”.

Del plenario participaron Roberto Cacciola (Cámara Argentina de Empresas Mineras), Carlos Ormaechea (Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos) y Esteban Gramblicka (Cámara Argentina de la Energía).

El diputado radical Lisandro Nieri pidió una reforma impositiva: “Los resultados del RIGI fueron positivos, ¿por qué no aplicar los mismos estímulos a las pymes?”.

Eduardo Falcone (MID) propuso que las empresas adheridas puedan bajar Ganancias del 25% al 15% si invierten en I+D, convenios con universidades, Becas Belgrano y proveedores locales. “Condicionamos la baja a que la empresa invierta en desarrollo local”, explicó.

El Ejecutivo busca con este régimen atraer inversiones de al menos US$1000 millones en sectores tecnológicos sin desarrollo actual en el país, promover exportaciones y crear empleo.

Ley de Lobby: críticas de abogados y ONG

El plenario de Asuntos Constitucionales también avanzó con el proyecto de Régimen de Gestión de Intereses, pero recibió fuertes cuestionamientos de organizaciones civiles y cámaras empresarias.

Alejandra García, del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, advirtió que la definición de “gestión de intereses” es tan amplia que abarca “cualquier comunicación para influir en una decisión pública, sin distinguir entre actividades remuneradas o gratuitas”. Y alertó sobre el impacto en el secreto profesional: “Si tuviéramos que registrar a cada cliente, violaríamos el derecho de defensa”.

Eduardo Ferreyra, de ACIJ, rechazó la iniciativa: “Debe mirarse con fuerte sospecha toda iniciativa que, aunque hable de lobby, pueda ser usada de manera arbitraria por la autoridad de turno”.

También expusieron representantes de AmCham, Fundación Barbechando, Directorio Legislativo, Poder Ciudadano, FARN, entre otros.