Llegó a un pueblo de 1000 habitantes y su presencia desató un caos vecinal: ¿qué escondía el portero excarcelado?

La localidad santafesina de Pueblo Irigoyen está sumergida en una crisis social tras la llegada de un hombre de 39 años, ex portero de la escuela República de Colombia de Fray Luis Beltrán. Fue excarcelado bajo medidas alternativas por corrupción de menores agravada, y los vecinos, al enterarse, empapelaron las calles con su foto y le niegan la entrada a los comercios. La presidenta comunal, Natalia Samaniego, aclaró que no tiene facultades para expulsarlo.

El imputado había sido detenido en noviembre del año pasado, acusado de realizar comentarios sexuales y exhibir material íntimo a alumnos de sexto y séptimo grado. Tras la prisión preventiva, la Justicia le impuso normas de conducta, entre ellas la prohibición absoluta de acercarse o residir en Fray Luis Beltrán. Samaniego explicó que el hombre se instaló en Irigoyen por vínculos familiares: “Está en pareja con una chica cuya familia tiene vivienda acá desde hace muchos años”, y agregó que incluso compró un inmueble propio en la comuna durante 2015.

¿Qué pasó cuando los vecinos se enteraron?

La presencia del ex portero alteró por completo la tranquilidad del pueblo, que cuenta con apenas mil habitantes. “Es un caos, porque bueno, la realidad que nos alarma a todos”, confesó Samaniego. Sin embargo, enfatizó que no tiene herramientas jurídicas para intervenir: “Yo como presidenta comunal soy poder Ejecutivo, no tengo la potestad en decir saco a esta persona de la localidad por la causa que tiene”. Los vecinos tomaron medidas por su cuenta: “Algunos negocios no le tienen permitida la entrada, han empapelado el pueblo con su cara”, relató la funcionaria.

Incluso, Samaniego contó que se cruzó con él en la sede comunal cuando asistió a un trámite impositivo: “Le dije que me había traído un problema grave a la localidad, y él me dice «sí». No tuve más respuesta, pagó la tasa comunal y se fue”.

¿Por qué la presidenta comunal es señalada?

La jefa comunal lamentó que muchos pobladores la responsabilicen por el arribo del imputado. “Me hacen responsable de que esta persona haya venido a la localidad y yo no soy responsable ni de los actos de esta persona ni de que viva en la localidad”, sostuvo con malestar. Además, recordó casos pasados en la propia jurisdicción donde condenados hoy transitan libremente y forman parte de las instituciones. Ante la doble vara, cuestionó: “¿Y qué pasó antes con los vecinos? Nadie se preocupó por esas menores de edad”.

Para calmar los ánimos, Samaniego señaló que realizan controles periódicos junto a la policía local para verificar los movimientos del hombre, quien reside en una vivienda alejada, al límite con la zona rural. Aunque admitió que esta tarea excede sus competencias, reconoció que a veces debe salir con la camioneta comunal para constatar su presencia. “Lamentablemente nos toca la situación en que termina una siendo de policía, de enfermera, de arquitecta y cumpliendo funciones que no deberían cumplir, como en este caso, que no soy ni juez ni fiscal para determinar si esta persona puede o no vivir en la localidad”, concluyó.