Lleva 11 días en terapia intensiva y su familia dice que nadie responde al pedido que podría salvarlo

La familia de Jonathan Casas, un hombre de 30 años privado de su libertad, reclama que las autoridades sanitarias y judiciales autoricen su derivación desde el hospital de Puerto San Julián hacia el nosocomio de Caleta Olivia. El interno padece diabetes tipo 1, es insulinodependiente y permanece en terapia intensiva desde el sábado 5 de septiembre.

Según relataron sus allegados, su estado continúa siendo delicado tras atravesar distintas complicaciones. En Caleta Olivia podría ser asistido por su diabetólogo y por profesionales que conocen su cuadro desde hace años, algo que —sostienen— resulta clave para estabilizarlo.

De acuerdo con lo manifestado por la familia, desde el hospital ya se habría iniciado el pedido de derivación, pero hasta el momento no recibieron una respuesta favorable para concretar el traslado.

El obstáculo que denuncian

“Me dicen que las derivaciones hacia Caleta siempre son difíciles y que muchas veces depende de los familiares que puedan insistir y trasladarse”, expresó una familiar de Casas, que permanece en Puerto San Julián acompañando a su hija y aseguró que no tiene posibilidades de viajar de manera constante entre ambas localidades.

Su pareja, Guadalupe Martínez, fue más directa: “Necesito estar con él porque su estado de salud es delicado y necesita atención y seguimiento especializado”.

La familia remarcó que el pedido responde exclusivamente a una necesidad sanitaria y no busca modificar su situación procesal. El reclamo apunta a que el hombre acceda a los recursos y profesionales necesarios para continuar con su atención médica.

Un reclamo que viene desde el año pasado

En abril de 2025, Martínez había sido entrevistada por La Opinión Austral afuera de la Cámara Criminal de Caleta Olivia, donde se manifestaba junto a familiares y amistades para pedirle a los jueces la prisión domiciliaria de su pareja por su condición de salud.

Por entonces, Casas llevaba siete meses detenido por un hecho de robo ocurrido en 2017. La mujer explicó que padecía diabetes tipo 1 y advertía que las condiciones de encierro estaban repercutiendo sobre su organismo. “Le está costando su vida”, había expresado.

Martínez también había señalado que la diabetes puede verse afectada por el estado emocional y que su pareja atravesaba un cuadro de depresión, con dificultades para controlar los niveles de azúcar en sangre. En ese momento cuestionó que se considerara que la enfermedad no era terminal y sostuvo que, sin el cuidado adecuado para una persona insulinodependiente, las consecuencias podían agravarse.

Además, destacó el cambio que, según su testimonio, Jonathan había realizado desde 2019: se había incorporado al Partido Obrero, tenía intenciones de continuar estudiando, realizaba trabajos ocasionales y participaba de un plan social en el barrio Miramar. La pareja tiene una hija de cinco años.