Llevan 35 años viviendo en el Parque Federal y ahora les avisan que les demuelen la casa
Hay familias que hace más de 35 años viven en terrenos ferroviarios del Parque Federal. La obra de la nueva Estación Policial avanza y ellas ya recibieron avisos de demolición: un diputado llevó el caso a la Legislatura.
La construcción de la nueva Estación Policial en el sector sur del Parque Federal avanza a paso firme, pero en el mismo terreno hay familias que hace más de tres décadas viven entre inmuebles y terrenos ferroviarios. Un grupo de unos 50 vecinos podría quedarse sin su lugar y el conflicto ya llegó a la Legislatura de Santa Fe.
El diputado provincial Fabián Palo Oliver, del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), presentó un proyecto de Comunicación para pedirle al Poder Ejecutivo que implemente una solución habitacional permanente para las personas que podrían perder sus viviendas por la obra pública.
Una historia de décadas en el predio
Según el texto de la iniciativa, la infraestructura afectaría de manera directa a cerca de 50 personas. Muchas de ellas habitan el predio desde hace años, tienen facturas de servicios públicos a su nombre y cuentan con documentación que acredita su permanencia histórica en el lugar.
El legislador cuestionó que las familias hayan recibido avisos informales de desalojo y demolición por parte de la empresa contratista privada, sin notificaciones formales ni un relevamiento social previo de los organismos públicos competentes.
"No podemos permitir que la concreción de un proyecto público se haga a costa de la seguridad habitacional de familias que llevan décadas en el lugar. El Estado debe garantizar procesos transparentes, diálogo y alternativas que preserven los derechos de las personas", sostuvo Palo Oliver.
Qué reclama el proyecto en la Legislatura
La presentación del diputado opositor detalla los puntos que el Gobierno de Santa Fe debería responder y ejecutar antes de avanzar con los trabajos en el predio:
Información y expediente administrativo: solicita que el Ejecutivo remita a la Cámara de Diputados el estado del expediente, el cronograma de ejecución y el plan integral previstos para la relocalización.
Mesa de diálogo institucional: propone crear una instancia formal de negociación que reúna a los ministerios provinciales, la empresa contratista, los vecinos involucrados y la Defensoría del Pueblo para consensuar alternativas habitacionales.
Garantías contra desalojos informales: exige evitar que la gestión de la relocalización quede delegada en la firma privada adjudicataria de la obra, garantizando el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos y judiciales.
Derecho al hábitat: resalta que la concreción de una obra pública orientada a la seguridad no debe vulnerar los derechos de familias consolidadas en el tejido urbano santafesino.
José Busiemi
José Busiemi
