Llevó las leyes al Estado y le devolvieron una respuesta que lo dejó sin palabras

Un referente de los motomandados chaqueños se sentó frente al subsecretario de Trabajo de la provincia con una carpeta bajo el brazo. Adentro llevaba las normas que regulan su propia actividad desde hace años. Lo que escuchó del otro lado del escritorio lo dejó entre sorprendido e indignado.

Fabio Zerpa, referente de los trabajadores motomandados de Resistencia, mantuvo una reunión con Francisco Romero Castelán, subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo del Gobierno del Chaco. En el encuentro presentó documentación con la Ordenanza Municipal N.º 9833 de Resistencia y la Ley Provincial N.º 3296-L, las normas que rigen al sector.

El planteo no fue solo un pedido de controles. Zerpa cuestionó que sean los propios trabajadores quienes deban acercar y explicar al Estado las leyes que, según sostiene, los organismos competentes deberían conocer y aplicar.

“Tenemos que venir nosotros a explicar cuáles son las leyes”

Tras el encuentro, el dirigente lanzó un cuestionamiento directo.

“La verdad que me siento sorprendido de que una vez más, en una oficina del Estado, tengamos que venir nosotros, los trabajadores, a explicar cuáles son las leyes que regulan nuestra propia actividad”, sostuvo Zerpa.

El referente recordó que la regulación no es nueva. “Tenemos una ordenanza municipal, la 9833, que tiene años de vigencia. Tenemos una ley provincial, la 3296-L, que incluso contempla a los trabajadores de aplicaciones. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede ser que quienes tienen la responsabilidad de hacer cumplir esas normas las desconozcan?”, cuestionó.

Según el Boletín Oficial, la Ley 3296-L modificó la Ley 2608-L y amplió la definición de las agencias para incluir expresamente a quienes operen o administren plataformas digitales de motomandados y cadetería. El sitio oficial provincial identifica actualmente a Romero Castelán como subsecretario de Trabajo, Capacitación y Empleo.

Un reclamo que también apunta al Municipio y la Provincia

Zerpa sostuvo que la discusión excede a una gestión particular y cuestionó la respuesta que el sector recibió durante décadas tanto del Estado municipal como provincial.

“Durante 30 años pasaron funcionarios, secretarios, subsecretarios e intendentes. Muchos de ellos utilizan diariamente el servicio de motomandados. Sin embargo, cuando se sientan detrás de un escritorio como funcionarios, parece que se olvidan de que detrás de cada moto hay un trabajador y una familia”, afirmó.

Para el referente, el problema central ya no pasa por la ausencia de normas sino por su aplicación. “No necesitamos funcionarios que descubran nuestra actividad cada vez que los trabajadores vamos a reclamar. Necesitamos un Estado que conozca, que controle, que regule y, fundamentalmente, que garantice derechos”, manifestó.

El avance de las aplicaciones y la precarización laboral

Otro de los puntos planteados fue el crecimiento de las aplicaciones y plataformas digitales utilizadas para realizar entregas. Según Zerpa, las nuevas tecnologías modificaron profundamente el mercado, pero no resolvieron los problemas laborales históricos del sector.

“La llegada de las aplicaciones no solucionó la precariedad laboral. En muchos casos la profundizó. Y mientras el Estado mira para otro lado, son los trabajadores los que terminan pagando el costo”, afirmó.

El referente insistió en que ya existe legislación sobre la materia y reclamó acciones concretas. “No podemos seguir escuchando como respuesta que no saben, que no conocen o que hay que estudiar el tema. El tema está estudiado y legislado. Lo que falta es voluntad política para actuar”, expresó.

“Existimos desde hace décadas”

El reclamo busca además diferenciar a los motomandados tradicionales de un fenómeno que muchas veces es asociado exclusivamente al desembarco de las grandes plataformas digitales.

“El trabajador motomandado no apareció con las aplicaciones. Existimos desde hace décadas. Lo que cambió fueron las formas de explotación y precarización, mientras el Estado sigue llegando tarde”, señaló Zerpa.

Y cerró con otro mensaje dirigido a los organismos públicos: “El Estado municipal y provincial no pueden mirar al trabajador solamente cuando necesitan cobrar una tasa, aplicar una multa o utilizar el servicio. También tienen que estar cuando ese trabajador necesita que se respeten sus derechos”.

El encuentro abre un nuevo capítulo para un sector que reclama que las regulaciones existentes dejen de quedar solamente escritas y se traduzcan en controles y condiciones concretas para quienes todos los días recorren las calles de Resistencia y otras localidades chaqueñas sobre una moto.