Lo atraparon en la frontera con una camioneta de la concesionaria y ahora la Justicia lo imputó

Un hombre domiciliado en Santiago del Estero fue imputado este mes como coautor de una defraudación con cheques sin fondos que habría perjudicado a una concesionaria tucumana. El sospechoso había sido detenido en el paso fronterizo entre Gualeguaychú y Fray Bentos, a bordo de uno de los vehículos que forman parte de la investigación.

La acusación la sostuvo el fiscal de la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, Diego Hevia, durante la audiencia de imputación. El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó los riesgos procesales del caso: señaló que el acusado no tiene arraigo en Tucumán y que registra una condena anterior de dos años de cumplimiento condicional.

Un plan con estructura societaria fantasma

“Hubo un plan preacordado, donde tres personas, simulando solvencia, se valieron de una estructura societaria fantasma”, sostuvo Hevia ante el juez. Según la acusación, el detenido fue interceptado en el paso fronterizo mientras circulaba con el vehículo cuyo título sigue registrado a nombre de la concesionaria afectada.

El fiscal también informó que un tercer integrante de la organización permanece prófugo y que su paradero es ahora uno de los objetivos centrales de la pesquisa.

Por estos motivos, Hevia pidió al juez interviniente que disponga la prisión preventiva por 54 días, un plazo que coincidirá con el de la otra imputada, una mujer de 47 años. La medida vencería el martes 17 de noviembre.

La teoría del caso

De acuerdo con la investigación, los acusados se presentaron como titulares de negocios y bienes, e incluso afirmaron tener otros emprendimientos en común. El objetivo era aparentar un respaldo económico suficiente para concretar las operaciones.

En ese contexto adquirieron una Volkswagen Amarok Extreme 4x4, un Toyota Corolla y un Peugeot 208 Style. Para los pagos entregaron cheques de la firma INDI SRL, Centro Neurofisiológico de Diagnóstico, de la cual la mujer de 47 años era titular del 50% de las cuotas societarias.

Siempre según la acusación, el hombre se presentó como comprador, retiró dos de los vehículos y puso en circulación los cheques como medio de pago. Cuando los documentos fueron presentados al cobro, fueron rechazados por falta de fondos, lo que habría provocado el perjuicio patrimonial investigado, estimado inicialmente en unos $90 millones.

La investigación es encabezada por la Unidad de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Fiscal, que ahora procura determinar el paradero del tercer integrante señalado en la causa.