Lo condenaron por la tragedia de Altas Cumbres: la pena que no lo manda a la cárcel

El juicio oral y público que se seguía en los Tribunales de Villa Dolores contra Oscar González, exlegislador provincial e histórico referente del peronismo cordobés, llegó a su fin este martes con una sentencia que lo declara autor penalmente responsable del siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022 en el paraje Niña Paula, sobre el Camino de las Altas Cumbres, en Traslasierra.

El juez Santiago Camogli, pasado el mediodía, dio lectura al veredicto por el que González fue hallado culpable de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas en concurso ideal. La pena impuesta: tres años de prisión de ejecución condicional, es decir que no cumplirá encierro efectivo, más una inhabilitación especial para conducir vehículos por ocho años.

Qué pasó aquel 29 de octubre

Ese día chocaron de frente el BMW X1 que manejaba el exfuncionario y un Renault Sandero en el que viajaban tres personas. Producto del impacto, la docente Alejandra Bengoa, de 56 años, murió cuando era trasladada al hospital.

Su hija Marina Szulewicz y la amiga de esta, Alexa Miranda, sobrevivieron pero quedaron con secuelas físicas y motoras de gravedad que exigieron tratamientos médicos de alta complejidad.

Las condiciones que deberá cumplir

Al no dictarse prisión efectiva, el tribunal le fijó a González un listado de reglas de conducta por el mismo plazo de tres años: fijar residencia, presentarse cada dos meses ante el tribunal de ejecución, no cometer nuevos delitos y abstenerse del consumo excesivo de alcohol y estupefacientes.

El fallo de la Sala 3 también rechazó los planteos de la defensa y admitió de forma parcial las acciones civiles que promovieron los familiares de las víctimas. De esa manera, tanto el condenado como la Provincia de Córdoba fueron obligados a pagar resarcimientos económicos millonarios.

Los montos de las indemnizaciones

Para Vera Szulewicz, el tribunal fijó $31.633.758,86 por daño moral, tratamientos psicológicos y consecuencias patrimoniales derivadas del fallecimiento de su madre.

En el caso de Marina Szulewicz, sobreviviente del siniestro, la cifra dispuesta asciende a $353.575.089,30, contemplando incapacidad psicofísica pasada y futura, daño moral y gastos de rehabilitación.

La demanda de Alexa Miranda concentró el monto más alto: $1.625.279.401, en función de los severos daños psicofísicos sufridos, el acompañamiento permanente de asistentes diarios, los insumos médicos y las adaptaciones edilicias que necesita su vivienda.

A todas esas sumas se les sumarán los intereses al momento de publicarse los fundamentos completos. La inhabilitación para conducir, en tanto, será comunicada de inmediato al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (REPAT).

Los pedidos que quedaron en el camino

La fiscal Analía Gallaratto había sostenido la acusación por homicidio culposo y lesiones agravadas culposas, con el respaldo de las conclusiones del perito oficial Ramiro Ojeda. Para la fiscalía, quedó probado que el imputado hizo una maniobra imprudente e invadió el carril contrario en un sector prohibido, por lo que reclamó 3 años y 10 meses de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir.

Los abogados de las querellas particulares, Germán Romero Marcón y Lucas Cocha, fueron más lejos: pidieron encuadrar la conducta en el dolo eventual o aplicar la sanción máxima, con una condena de 10 años de prisión de cumplimiento efectivo. Sostuvieron que González, por su experiencia y su historial de infracciones viales, podía prever el desenlace fatal y actuó con indiferencia. En el plano civil, el letrado Emiliano Binante presentó una demanda indemnizatoria que superaba los 11 mil millones de pesos para cubrir los costos médicos de las sobrevivientes.

La defensa, a cargo de Miguel Ángel Ortiz Pellegrini y Eduardo Santiago Caeiro, había reclamado la absolución lisa y llana. Cuestionaron los peritajes oficiales e intentaron demostrar que el hecho se produjo por culpa de la propia víctima fatal, al sostener que Bengoa hizo un sobrepaso fallido a un camión y no tuvo tiempo de reincorporarse a su carril antes del impacto. En la demanda civil, la representación legal del Gobierno de Córdoba acompañó esa postura para desestimar la responsabilidad económica del Estado provincial.

La chapa clonada y los bolsos retirados del auto

El vehículo importado que conducía González integraba un lote de autos judicializados que la Justicia de Villa Dolores había cedido a la Unicameral para uso exclusivamente oficial. Tras el impacto se detectó además que la unidad circulaba con una chapa patente clonada.

El caso también tuvo momentos de fuerte controversia social, como la difusión de imágenes posteriores al choque en las que se veía a personas allegadas al dirigente retirando bolsos del interior del rodado siniestrado, antes de que intervinieran los peritos.

En paralelo al expediente que acaba de cerrarse en Traslasierra, la causa motivó investigaciones en la Justicia Federal sobre el patrimonio del exfuncionario, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.