Lo denunciaron por apuntarle a su ex con un revólver, pero el juez le creyó su versión y quedó libre

Mauricio David “Peca” Ramírez está cumpliendo una condena de 13 años por homicidio, pero goza de libertad condicional. Ahora fue denunciado por amenazar de muerte a su expareja con un arma y la Justicia decidió que enfrente el proceso en libertad.

El caso quedó en manos de la Justicia sanjuanina, que este lunes realizó una audiencia de formalización. Ramírez, un nombre conocido en el fuero penal, fue imputado por hechos de violencia de género contra su expareja, una mujer del Barrio Sierras de Marquesado.

La fiscalía había pedido la prisión preventiva, pero el juez de Garantías escuchó la defensa del acusado —quien alegó ser víctima de una venganza personal— y resolvió dejarlo en libertad.

El peso de un prontuario que no pesó

Para dimensionar el caso hay que repasar el pasado de Ramírez. Está en libertad condicional dentro de una condena a 13 años y 4 meses de prisión efectiva, dictada el 18 de septiembre de 2017.

Ese fallo lo declaró culpable de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegal de arma. Ramírez fue quien disparó en el abdomen a Carlos “Mauro” Murúa en abril de 2015. El crimen se inscribió en una seguidilla de ajustes de cuentas barriales que dejó tres muertos entre 2013 y 2015.

Su pena completa vence recién el 23 de febrero de 2029. Cualquier nuevo delito lo devolvería de inmediato al Servicio Penitenciario.

La escalada que denunció su expareja

Según la investigación que encabeza la ayudante fiscal Tamara Ruiz (UFI CAVIG), Ramírez y la denunciante llevan tres meses separados. El conflicto habría comenzado en junio de 2026, cuando la mujer pidió una medida perimetral en el Juzgado de Familia.

El Ministerio Público Fiscal describió una escalada violenta. El 14 de septiembre, Ramírez se habría presentado en la casa de su expareja, sacó un revólver, le apuntó al pecho y le dijo: “Te voy a matar”.

El 21 de septiembre habría vuelto a irrumpir en el domicilio y le habría asegurado que no la iba a dejar en paz. El 26 de septiembre, según la denuncia, la tomó del cuello y de las manos y repitió las amenazas de muerte.

El informe psicológico de la víctima es contundente: padece ataques de pánico, insomnio, vive en estado de alerta permanente y llegó a autolesionarse por el estrés postraumático. Su Evaluación de Riesgo (EPV) arrojó 28 puntos. Los vecinos, por miedo a represalias, se negaron a firmar las actas policiales.

“Me quiere meter preso por mi pasado”

Ramírez tenía pedido de captura y había esquivado dos allanamientos. Finalmente se presentó por voluntad propia junto a su abogada defensora, María Filomena Noriega. Ahora dice que trabaja como carnicero.

Lejos de callarse, tomó la palabra y apuntó contra la credibilidad de la denunciante. Aseguró que la denuncia es una represalia porque él le fue infiel. “Ella sabe bien que si hago algo me meten preso y me quiere meter preso por mi pasado”, expresó ante el magistrado.

Negó haberse acercado a la víctima o haberla amenazado con un arma. Dijo que los golpes que presentaba la mujer fueron producto de una pelea física con la hermana del imputado, no de una agresión suya. Además, afirmó tener pruebas de que en los horarios de los supuestos ataques estaba trabajando en la carnicería.

Imputado, pero en la calle

La UFI CAVIG pidió imputarlo por lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género, amenazas simples (dos hechos) y desobediencia a una orden judicial. Solicitó seis meses de investigación y dos meses de prisión preventiva.

El juez de Garantías Mariano Carrera valoró que Ramírez se presentó espontáneamente y consideró que, con los elementos reunidos hasta ahora, no se podía confirmar fehacientemente que los hechos ocurrieran como dice la denuncia.

Por eso formalizó la imputación pero rechazó la prisión preventiva y le otorgó la libertad. Le impuso medidas de coerción por seis meses: promesa de no entorpecer la investigación, presentación mensual en la Comisaría 23ra, prohibición de acercamiento a la víctima en un radio de 300 metros, prohibición de contacto por redes sociales y colocación de una tobillera electrónica.