Lo echaron por faltar al trabajo y ahora podrían obligarlo a devolver lo cobrado
La política de tolerancia cero del gobierno de Figueroa suma otra cesantía. Un agente de Trabajo fue despedido por faltar sin justificar y ahora podría tener que devolver lo cobrado. ¿Qué pasó?
El gobierno de Rolando Figueroa sumó una nueva baja en su cruzada contra los empleados estatales que no trabajan. Esta vez, la cesantía recayó sobre un agente de la subsecretaría de Trabajo, a quien le comprobaron ausencias injustificadas durante meses. El caso no termina ahí: ahora investigan si cobró sin trabajar y, de confirmarse, deberá devolver la plata.
¿Quién es el agente cesanteado?
Se trata de Héctor Osvaldo Pradena, quien se desempeñaba como personal de planta permanente en el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La investigación administrativa determinó que incumplió con sus obligaciones tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública Provincial.
¿Cuántas faltas cometió?
El expediente registró ausencias reiteradas entre el 8 de marzo y el 31 de julio de 2024. En ese lapso, el agente no concurrió a trabajar sin presentar una justificación válida. Ante esta situación, la autoridad administrativa consideró configurado el abandono de cargo y dispuso su cesantía, que se concretó a fines de agosto de ese año.
¿Qué pasa ahora con el dinero?
Pero la desvinculación no fue el final. El gobierno provincial inició actuaciones para determinar si Pradena percibió haberes durante los días que faltó. Si se confirma que cobró por jornadas no trabajadas, deberá reintegrar ese dinero. En caso de negarse, podría intervenir la Fiscalía de Estado por un posible perjuicio económico a las arcas públicas.
Un proceso marcado por la ausencia
El trámite administrativo comenzó el 20 de agosto de 2024 y finalizó con la cesantía antes de que pasaran dos años. Durante el proceso, el agente tampoco se presentó a declarar para ejercer su derecho a defensa. En el decreto se subrayó que las ausencias reiteradas constituyeron una “grave violación de las obligaciones laborales” y evidenciaron un “manifiesto desinterés” por sus responsabilidades.