Lo entregaron sus propios hijos: el "Conejo" Martínez ya está preso y ahora espera al juez

Carlos "Conejo" Martínez, exintendente de Aguas Blancas, se entregó este martes después de permanecer prófugo desde el sábado, cuando no lo encontraron durante los allanamientos de una causa federal por lavado de activos. Su presentación habría sido precipitada por la detención de sus hijos, su expareja y su actual pareja, según fuentes consultadas por El Tribuno.

Para mañana está prevista la audiencia ante el juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya. En esa instancia podría ser imputado como jefe de una supuesta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Quiénes cayeron antes que él

La detención de Miguel Ángel Martínez y Jessica Elizabeth Martínez, sus hijos; Nancy Mirta Cordero, su exmujer; y Tamara Tapia, su actual pareja, habría sido determinante para que se pusiera a disposición de la Justicia. Siempre según las fuentes, el avance de la causa sobre ese entorno lo dejó acorralado.

La fuga que complica su situación

La orden judicial salió el viernes a las 15 y los procedimientos arrancaron el sábado por la mañana. Cuando los efectivos llegaron a buscarlo, ya no estaba. Se sospecha que escapó durante la madrugada.

El intervalo entre la orden y el operativo llamó la atención en el ámbito judicial por la posibilidad de que hubiera recibido un aviso. La fiscalía confirmó que la presunta filtración está bajo investigación.

Para los consultados, su ausencia en el momento de los allanamientos y los días que pasó prófugo serían elementos para fundamentar el riesgo de fuga, aun después de haberse presentado voluntariamente.

Por qué esta vez no zafaría

El artículo 210 del Código Penal fija una pena mínima de cinco años de prisión para los jefes u organizadores de una asociación ilícita. Esa es la escala legal correspondiente a la figura que podría atribuirle la fiscalía en la audiencia de mañana.

Ese marco penal, junto con los riesgos procesales que se planteen, sería uno de los fundamentos para pedir la prisión preventiva, indicaron fuentes judiciales. También mencionaron sus antecedentes: una condena federal por transporte de estupefacientes, un procesamiento en otro expediente federal por lavado de activos y una condena provincial por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Los consultados consideran que su conducta antes de entregarse tendría especial peso en el pedido de detención. Montoya deberá resolver la medida de coerción que formule la fiscalía y las condiciones en las que Martínez afrontará el proceso.

La investigación es impulsada por los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velazco, de la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Sus antecedentes federales

Martínez fue condenado el 10 de diciembre de 2013 a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes, en un fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta. Estuvo detenido hasta 2015. Aquel expediente se originó en su detención, en 2012, por el transporte de seis kilos de cocaína, según precisó la fiscalía.

Otro antecedente federal se inició el 19 de marzo de 2019, cuando Gendarmería encontró 100 mil dólares ocultos en un doble fondo de la puerta de su camioneta Toyota Hilux, durante un control en la ruta nacional 34, en Santiago del Estero.

Viajaba desde Buenos Aires hacia Orán. El dinero estaba distribuido en cinco bolsas de nylon y recubierto con papel higiénico. Martínez no pudo justificar su origen.

El hallazgo derivó en una causa por lavado de activos ante el Juzgado Federal de Santiago del Estero. El 24 de abril de 2023, la Cámara Federal de Tucumán confirmó su procesamiento, un mes antes de que ganara las elecciones municipales de Aguas Blancas. Ese expediente es distinto de la investigación por la que ahora se entregó.

La domiciliaria que ya tuvo

En diciembre de 2025, Martínez fue condenado en la Justicia provincial a un año y dos meses de prisión efectiva y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos, por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional.

Pese a que la pena era de cumplimiento efectivo, le otorgaron prisión domiciliaria y cumplió la pena en su domicilio. Al momento de los allanamientos del sábado, la sanción de prisión ya estaba cumplida.

En un juicio abreviado admitió haber recibido y compartido con terceros información confidencial de la investigación por el asesinato de su hermano, César "Oreja" Martínez, acribillado en 2023. También reconoció haber influido sobre testigos y eliminado datos de dispositivos para entorpecer las pesquisas.