Lo escracharon en redes con una cuenta anónima: qué resolvió la Corte Suprema

Un estudiante universitario fue señalado con nombre y foto en publicaciones que le atribuían conductas abusivas. Las cuentas que lo difamaban no tenían responsable identificable. El caso llegó a la Corte Suprema y el fallo del 23 de septiembre abrió una puerta para cualquiera que atraviese una situación similar, incluso en Santa Cruz.

El joven acudió a la Justicia para pedir dos cosas concretas: que se retiraran esas publicaciones y que se supiera quiénes manejaban los perfiles. Las instancias anteriores habían fallado de manera contradictoria. El máximo tribunal terminó dándole la razón.

Qué ordenó la Corte

La Corte dispuso que Facebook Argentina aporte lo necesario para eliminar las publicaciones señaladas en el expediente, si todavía están disponibles, e informe la identidad de los titulares de las cuentas de Facebook e Instagram y cualquier otro dato que permita identificarlos. El juez de primera instancia será quien fije el plazo de cumplimiento.

El fallo no declara que los escraches estén prohibidos en redes. Resuelve un caso concreto y no ordena retirar cualquier denuncia publicada en internet. Tampoco determinó si las acusaciones eran verdaderas o falsas: eso no estaba en discusión en este expediente.

Por qué le importa a un vecino de Santa Cruz

El criterio puede invocarse en Río Gallegos o en cualquier otra localidad de la provincia. Una cuenta anónima no queda fuera del alcance de un reclamo judicial por el solo hecho de ocultar a su responsable. La posibilidad de obtener datos y retirar publicaciones dependerá de lo que se haya difundido y de la evaluación judicial de cada caso.

También marca un límite para interpretar la noticia: la Corte no ordenó que Facebook e Instagram revelen automáticamente quién administra cualquier perfil anónimo. En esta causa hubo una demanda, se identificaron las publicaciones cuestionadas y el tribunal dictó una orden dirigida a la empresa.

Denunciar y defenderse: dónde chocan los derechos

Los jueces examinaron en conjunto el contenido de las acusaciones, la exposición de aspectos íntimos y la dificultad que tenía la persona señalada para identificar a quienes publicaron los mensajes y ejercer su defensa.

Además, dejaron dos definiciones que pueden pesar en futuros casos. Por un lado, participar en actividades sociales o políticas no convierte automáticamente a alguien en figura pública. Por el otro, distinguieron entre debatir un tema de interés general, como la violencia de género, y difundir detalles de la vida íntima de una persona determinada.

Así, una acusación grave en redes, el derecho a denunciar y el derecho de defensa pueden entrar en conflicto. La sentencia muestra cómo resolvió la Corte ese choque en un caso específico y por qué su decisión puede ser relevante para futuras causas en todo el país.

(El Diario Nuevo Día)