Lo mandaron a la cárcel nueva de Marcos Paz, pero a las horas lo devolvieron: dónde terminó el Concheto
Lo subieron a la primera tanda rumbo a la cárcel nueva de Marcos Paz y, a las pocas horas, lo bajaron "por una cuestión de seguridad". Volvió a Devoto, pero tampoco se quedó: el Concheto ya tiene otro destino, en un módulo donde convive con los narcos más pesados del país.
Guillermo Álvarez, el hombre que la Justicia conoció como "el Concheto" y que carga con una condena por una seguidilla de homicidios, volvió a quedar en el centro de la escena carcelaria. Fuentes del Ministerio de Seguridad Nacional confirmaron a LA NACION que desde el jueves pasado está alojado en el Complejo Penitenciario II del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el oeste del conurbano.
No se trata de la flamante unidad penitenciaria de Marcos Paz que el Gobierno inauguró con bombos y platillos, sino de otra cárcel del mismo predio: la que comparte con pesos pesados del narcotráfico, como Miguel Ángel Villalba, alias "Mameluco", y Esteban Alvarado, entre otros.
El traslado que duró horas
Álvarez integró la primera tanda de internos que salieron de la vieja cárcel de Villa Devoto rumbo a la nueva unidad de Marcos Paz, en el marco del operativo que las autoridades presentaron como histórico. Sin embargo, el mismo día del traslado, a las pocas horas, fue devuelto a la prisión porteña. La explicación oficial fue escueta: "por una cuestión de seguridad".
El regreso a Devoto tampoco fue definitivo. Dejó de formar parte del reducido grupo de 74 internos que siguen alojados en el penal de la ciudad de Buenos Aires, al menos hasta la próxima visita del Papa León XIV. Cuatro días después de volver, el Concheto ya tenía nuevo destino.
Quién es Guillermo Álvarez
El Concheto tiene 48 años y está detenido desde agosto de 1996. Acumula 30 años y dos meses tras las rejas. Según el sitio de la Procuración General de la Nación, fiscales.gob.ar, fue condenado por delitos graves cometidos entre 1996 y 1998.
Entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de julio de 1996 protagonizó un raid delictivo: asesinó a un hombre delante de su hija para robarle el auto y luego mató a un subinspector de la Policía Federal y a una estudiante durante el robo al pub Company, en Belgrano. Dos años más tarde, mientras estaba alojado en la antigua cárcel de Caseros, mató a un compañero de celda de 17 años.
Por esos hechos recibió reclusión perpetua más la accesoria de reclusión por tiempo indeterminado, por robo agravado, homicidios calificados y lesiones graves en concurso real.
El fallo de la CIDH y la nulidad que no está firme
El 26 de agosto de 2024, la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional aceptó un recurso de revisión presentado por la defensa tras un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La decisión anuló el juicio y "todos los actos derivados del debate entre los que se incluye la condena pronunciada el 28 de octubre de 1999", según consignó el portal de la Procuración.
Con el nuevo debate pendiente, la defensa pidió la excarcelación: sostuvo que "una persona no puede encontrarse privada de la libertad sin sentencia por un proceso que lleva más de 28 años de sustanciación, y en el que, como se ha visto, resultan computables a favor del causante más de 46 años de privación de la libertad". La presentación fue rechazada.
El fiscal Sandro Abraldes había dictaminado que "la condición de reincidente del nombrado se erige como un obstáculo insalvable a la hora de examinar cualquier pretensión ligada al instituto de la libertad condicional".
La nulidad del juicio todavía no quedó firme: el caso está en la Corte Suprema de Justicia tras una presentación del procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal. "El mismo incumplimiento convencional que, por su sola existencia formal, pone al Estado en el deber de reparar, por el modo en que se desarrolló el proceso penal no tiene por qué haber perjudicado necesariamente el ejercicio del derecho en cuestión, y, mucho menos, determinar la nulidad del proceso", argumentó Casal al fundamentar el recurso de queja.
Régimen especial y antecedente del motín
Cuando arrancó el traslado a Marcos Paz, el abogado defensor de Álvarez presentó una "acción en favor" de su asistido. Esa presentación se acumuló al proceso que había impulsado la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) mediante un habeas corpus "en favor de todas las personas privadas de su libertad alojadas actualmente en el Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", que la Justicia terminó rechazando.
En la resolución del habeas corpus se detalló que el abogado Bruno hizo saber que su asistido tiene un régimen especial de alojamiento y aislamiento, ordenado por el Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 4 y luego ratificado y ampliado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 28, del cual depende en la actualidad. Ese régimen implica "medidas de seguridad muy específicas que se relacionan con una situación compleja y grave que excede el marco de esta presentación y pone en riesgo su vida". Además, su situación está bajo observación de la CIDH en el marco del control de sentencia del precedente "Álvarez vs. Argentina".
El juez Bignone señaló: "Al respecto, se sostuvo que el TOC N° 28 dispuso su permanencia en su actual lugar de alojamiento y la obligación de informar con la antelación pertinente las alternativas de su reubicación. Pese a ello, se dispuso su traslado".
El mismo domingo 11, jornada en que comenzó el operativo, se realizó una audiencia por Zoom que ordenó el realojamiento inmediato de Álvarez en Devoto en un "plazo perentorio" de dos horas. La medida se cumplió. Pero cuatro días más tarde, el Concheto dejó definitivamente la cárcel de Villa Devoto.
No es la primera vez que su nombre aparece ligado a episodios carcelarios de alto voltaje. En 2020, en plena pandemia de Covid, fue uno de los referentes de los reclusos que negoció con las autoridades el final del motín en Villa Devoto, que reclamaba mejores condiciones sanitarias y beneficios.
