Lo paran en la calle, le piden un número y el celular queda retenido: qué dice la ley que llega en Santa Fe
La nueva ley que llega a Santa Fe permitirá controles en la calle, pero con un límite clave: solo se pide un número del teléfono. Qué pasa si el equipo figura robado y quién se queda con él.
Santa Fe se prepara para estrenar un mecanismo con el que busca golpear de lleno al negocio de los teléfonos robados. La llamada Ley de Celulares, que comenzará a regir el año próximo, habilitará a la policía a hacer controles en la vía pública para detectar equipos denunciados por robo, hurto o extravío.
La medida despertó interrogantes sobre los límites de la fuerza y hasta dónde puede llegar con el dispositivo en la mano. La respuesta oficial es acotada: solo se puede requerir el IMEI, el número de identificación internacional del aparato, que se obtiene marcando *#06#. Con ese código se consulta una base de datos de celulares denunciados.
Qué puede hacer el policía y qué no
El ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni, salió a despejar las dudas en diálogo con El primero de la mañana por LT8. “No se accede al contenido del celular, solo al número de IMEI y que permite escanear y contrastar con la base de datos y si hay match con un celular robado se comunica a la Fiscalía”, precisó.
El funcionario también apuntó contra las versiones que circularon: “Vamos a hacer una campaña explicando. Muchas de las dudas y desinformación fueron producto de opiniones poco ilustradas que sembraron dudas no de garantías sino de aspectos tecnológicos: alguien confundió IMEI con email, o dijo que íbamos a acceder a información del celular”.
Si el chequeo arroja que el equipo figura como robado, el procedimiento es inmediato. El policía puede secuestrarlo en el acto y dar aviso a la Fiscalía, que quedará a cargo de la causa. “Es la definición de flagrancia”, remarcó Cococcioni.
El caso del comprador de buena fe
Uno de los puntos que más consultas generó es qué pasa cuando alguien adquirió un teléfono robado sin saberlo. La respuesta del ministro fue categórica: “El celular hay que secuestrarlo en ese caso igual. Si esta persona que compró de buena fe tiene legítimo derecho, más derecho tiene al que se lo robaron. El celular se devuelve a la víctima”. Luego quedará margen para descargos y explicaciones.
Consultado sobre posibles sesgos en los operativos, Cococcioni fue tajante: “La directiva es que se chequea a todo lo que pasa, a todos, sin orientar a algún tipo de población”.
El objetivo: secar el mercado ilegal
La norma apunta a desarmar las redes de comercialización de teléfonos y otros dispositivos tecnológicos obtenidos mediante delitos contra la propiedad. También busca evitar que esos equipos generen ganancias con su venta, desalentar la demanda y lograr que los aparatos vuelvan a manos de sus dueños.
Para eso se crea el Registro Provincial de Comercialización de Celulares y Dispositivos Afines. La inscripción será obligatoria para quienes compren, vendan, permuten, acopien, reparen, reacondicionen o comercialicen equipos usados, ya sean personas o empresas.
Con esa herramienta, la ley pretende dar mayor trazabilidad a las operaciones y poner bajo la lupa un mercado de segunda mano que hasta ahora se movía con escasa transparencia.