Lo que cambia para miles de personas con discapacidad: Diputados aprobó la ley y ahora define el Senado

El proyecto que ordena el financiamiento de las prestaciones y cambia las reglas de las pensiones no contributivas ya tiene media sanción y ahora le toca al Senado. Lo que define sobre el trabajo, el CUD y las deudas con prestadores.

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Lo que cambia para miles de personas con discapacidad: Diputados aprobó la ley y ahora define el Senado
Lo que cambia para miles de personas con discapacidad: Diputados aprobó la ley y ahora define el Senado

La Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción por mayoría al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad, una iniciativa que ahora deberá pasar al Senado para su tratamiento definitivo. El texto recogió aportes de organizaciones de la sociedad civil, colegios de prestadores y entidades federales.

La diputada nacional por Catamarca Claudia Palladino destacó que la norma apunta a responder a los reclamos del sector frente a las pautas fiscales que trae el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo.

El CUD como documento clave

Uno de los ejes del articulado es el Certificado Único de Discapacidad (CUD), que queda consolidado como el documento principal para acreditar el beneficio. Además, la ley fija por escrito los requisitos socioeconómicos de acceso y deja sin efecto las incompatibilidades automáticas con asignaciones o programas sociales.

Pensión y trabajo: qué pasa si se supera el monto

El proyecto contempla la compatibilidad entre el cobro de la pensión y la realización de trabajos formales o en monotributo con ingresos de hasta dos salarios mínimos. Si ese monto se supera, el beneficio no se da de baja de forma definitiva: queda suspendido de manera transitoria y puede reactivarse una vez finalizada la relación laboral.

En materia de salud, la norma ratifica el piso de cobertura médica obligatoria para los titulares y establece la actualización periódica de los aranceles que reciben los prestadores.

Plazos para pagar deudas y freno a las suspensiones automáticas

El texto también introduce reglas estrictas de gestión y financiamiento. Por un lado, fija un plazo de 30 días para notificar las compensaciones pendientes y un tope de 90 días corridos para cancelar la totalidad de la deuda acumulada con instituciones y profesionales.

Por otro lado, prohíbe las suspensiones preventivas automáticas de pensiones ante cruces de datos: el Estado deberá otorgar un descargo previo al titular antes de cualquier medida.

El impacto en las cuentas públicas y en las provincias

Desde el equipo de Palladino señalaron que la norma introduce condiciones directas para la confección de las cuentas públicas. Define programas específicos del Ministerio de Salud financiados con respaldo del Tesoro Nacional para no transferir costos a las provincias, y dispone que los fondos asignados no puedan ser inferiores, en términos reales, a los del ejercicio previo.

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