Lo que declaró durante cinco horas el dueño de la empresa que Camioneros bloqueó en San Pedro

El juicio oral contra Maximiliano Cabaleyro, exconcejal de San Nicolás por el Frente de Todos y dirigente regional del Sindicato de Camioneros, arrancó esta semana con una audiencia maratónica. Gustavo Rey, uno de los dueños de Rey Distribución, la empresa familiar de San Pedro que estuvo en el centro del conflicto, habló ante el tribunal durante más de cinco horas y ratificó las denuncias que dieron origen al expediente.

La causa se abrió después de más de cuatro años de investigación y llega a esta instancia con Cabaleyro como principal imputado. Durante la exposición de Rey se reprodujeron audios, videos y registros de comunicaciones vinculados a los episodios investigados.

Qué dijo el dueño de la empresa

Según el relato del empresario, las presuntas presiones empezaron antes de los bloqueos y tenían que ver con pedidos de dinero para dejar funcionar a la empresa con normalidad. Rey sostuvo que, cuando esos pagos dejaron de hacerse, aparecieron las medidas que terminaron afectando el ingreso y egreso de vehículos de la distribuidora.

En la primera audiencia también hizo referencia a entregas de dinero en efectivo y cheques que, según su denuncia, se habrían concretado en el marco del conflicto. Esos elementos deberán analizarse junto con el resto de la prueba durante el debate.

El antecedente que marcó la causa

Uno de los principales antecedentes del expediente es el bloqueo de la planta de Rey Distribución en febrero de 2021. En ese momento, Camioneros había colocado un micro frente al acceso de la empresa e impedía el ingreso y egreso de vehículos.

La situación llevó a la entonces fiscal de San Pedro, María del Valle Viviani, a presentarse personalmente en la planta. Allí le pidió a Cabaleyro que retirara el vehículo que obstruía el acceso y permitió que la empresa pudiera seguir trabajando. Esa intervención quedó registrada y se convirtió en uno de los primeros episodios públicos de una causa que después adquiriría mayor dimensión judicial.

Meses más tarde, la investigación avanzó con un allanamiento a la sede del Sindicato de Camioneros de San Nicolás. Viviani había reunido testimonios y otros elementos de prueba a partir de la denuncia presentada por Rey Distribución. En ese momento, Cabaleyro, entonces concejal del Frente de Todos y referente regional del gremio, aparecía junto a Fernando Espíndola, dirigente de Camioneros en San Pedro, entre los principales denunciados.

Detenciones, prisión preventiva y disputa pública

El expediente tuvo su momento de mayor repercusión en abril de 2022, cuando Cabaleyro y Espíndola fueron detenidos e indagados por la Justicia. La fiscal Viviani había solicitado la prisión preventiva y la jueza de Garantías María Eugenia Maiztegui intervino en las decisiones vinculadas con la situación procesal de ambos dirigentes.

La causa también generó una fuerte disputa pública. La abogada Florencia Arietto, representante del particular damnificado, intervino en el expediente y tuvo un papel activo en la denuncia contra dirigentes vinculados al gremio. En 2022, Arietto incluso denunció públicamente presuntas presiones sobre integrantes del Poder Judicial que intervenían en la causa.

El expediente siguió avanzando pese a los distintos planteos de las defensas. En marzo de 2023, Viviani solicitó la elevación a juicio de la causa contra Cabaleyro y Espíndola, luego de considerar reunidos elementos de prueba sobre los hechos investigados.

Cabaleyro permaneció detenido y posteriormente obtuvo el beneficio del arresto domiciliario con monitoreo electrónico. En 2024, incluso solicitó autorización para realizar actividades laborales en el propio Sindicato de Camioneros, pedido al que se opuso la fiscal Viviani.

Cómo sigue el juicio

Espíndola resolvió su situación mediante un juicio abreviado, por lo que no forma parte del debate que comenzó esta semana. Además de Cabaleyro, están involucrados seis exempleados de Rey Distribución: Edgardo Di Mayo, Carlos Ojeda, Enzo Ojeda, Maximiliano Pérez, Lucas Torrez y Matías Torrez. Su situación está vinculada con la participación que se les atribuye en los bloqueos a la planta.

La acusación que llegó al debate contempla turbación de la posesión, dos hechos de coacción y tres de extorsión, según la imputación sostenida por la fiscalía. La defensa, en cambio, sostiene que las medidas cuestionadas formaron parte de un reclamo gremial y niega que hayan constituido los delitos que se les atribuyen.

El juicio continuará con la declaración de testigos propuestos por la fiscalía y las defensas, además de la incorporación de documentación, registros audiovisuales y otros elementos reunidos durante la investigación. Las audiencias están previstas hasta el 6 de octubre. Al finalizar el debate, el tribunal deberá evaluar la prueba producida y determinar las responsabilidades penales que correspondan en cada caso.

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