El proyecto de seguridad que impulsa Pullaro tiene un artículo que podría cambiar lo que pasa en la calle de tu barrio: limitaría la circulación y los horarios. Qué dice la advertencia que hicieron en Diputados y por qué la comparan con el estado de sitio.
Organizaciones sociales, colegios profesionales y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) coincidieron en un punto durante el debate en la Cámara de Diputados de Santa Fe: el proyecto oficialista de reforma penal es inconstitucional. La iniciativa, bautizada "Herramientas para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública", sumó cuestionamientos técnicos en una audiencia conjunta de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos fue una de las entidades que expuso su rechazo mediante un comunicado difundido mientras se desarrollaba la discusión parlamentaria. Calificó la propuesta del Ejecutivo provincial como un retroceso en materia penal y sostuvo que incluye medidas incompatibles con los marcos garantistas de la Constitución Nacional y de la propia carta magna santafesina.
Los puntos que generan mayor rechazo
El documento de la organización pone el foco en varias reformas al Código Procesal Penal que, según su lectura, habilitarían interrogatorios policiales sin defensa técnica, allanamientos sin orden judicial previa y la extensión a 48 horas de la detención por averiguación de antecedentes.También cuestionan la posible validez probatoria que se otorgaría a procedimientos ilegales y la ampliación de facultades para tareas de inteligencia policial sin una fiscalización adecuada.
Zonas de Intervención Policial Especial: el punto más caliente
El pronunciamiento dedica un apartado especial a la eventual creación de las "Zonas de Intervención Policial Especial". De acuerdo con la entidad, esta figura permitiría limitar la circulación en la vía pública, establecer controles de acceso y disponer restricciones horarias. La comparación que hicieron fue contundente: atribuciones propias de un estado de sitio, pero sin los resguardos institucionales que ese mecanismo exige.
Para la agrupación, el proyecto colisiona directamente con el texto constitucional reformado recientemente en la provincia. "Lo sorprendente y paradójico es que todas estas antidemocráticas propuestas violentan la mismísima Constitución Provincial sancionada durante su mandato", expresaron.
El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos también llamó a los legisladores a no aprobar un esquema que asocian con prácticas de etapas autoritarias de la historia argentina.
El debate de fondo
La discusión de la norma continúa en el ámbito parlamentario, en medio de un tire y afloje sobre cómo equilibrar las herramientas de la gestión de Maximiliano Pullaro contra el delito con el resguardo de las garantías individuales.
