Londres salió a bancar a las petroleras en Malvinas y redobló la apuesta tras las sanciones argentinas

El Gobierno británico rechazó las sanciones que la Argentina impulsa contra empresas e individuos que operan en las Islas Malvinas y las calificó como “inaceptables” y “sin justificación legal”. Lo hizo a través de un comunicado difundido este jueves por la subsecretaria parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.

En el texto, Londres reafirmó que las Malvinas “son británicas” y sostuvo que sus habitantes “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren conveniente”, al encuadrar esa facultad dentro del principio de autodeterminación.

La respuesta británica llegó después de que la Argentina avanzara en las últimas semanas con medidas contra empresas y personas que suministran bienes y servicios a las islas, tanto de manera directa como indirecta, incluidas firmas vinculadas a la explotación de hidrocarburos.

Frente a ese escenario, el Gobierno de Andy Burnham aseguró que tanto el Ejecutivo como su red diplomática respaldan plenamente a las compañías alcanzadas por esas acciones. “El Gobierno del Reino Unido y nuestra red diplomática respaldan plenamente a esas empresas e individuos. Tienen todo nuestro apoyo”, señaló Kumaran.

La funcionaria recordó además que no es la primera vez que un gobierno argentino adopta medidas económicas contra quienes mantienen vínculos comerciales con las Malvinas y afirmó que, pese a esos antecedentes, “la economía de las Islas Malvinas sigue prosperando”.

El cuestionamiento a los mecanismos internacionales

En uno de los pasajes más duros del comunicado, el Reino Unido cuestionó el uso de mecanismos internacionales contra empresas e individuos que hacen negocios con las islas. “El Reino Unido está alineado con la comunidad internacional y cualquier intento de politizar mecanismos internacionales contra personas por hacer negocios con las Malvinas es ilegítimo”, sostuvo el Gobierno británico.

Londres insistió en que las acusaciones promovidas contra esas empresas y personas “son inaceptables y no tienen justificación legal”, y aseguró que continuará trabajando junto al Gobierno de las Islas Malvinas para proteger sus intereses y promover nuevas oportunidades de inversión en el archipiélago.

La ofensiva argentina que desató la respuesta

El pronunciamiento británico llegó después de que el Gobierno argentino profundizara su ofensiva contra los proyectos de exploración petrolera en torno a las Islas Malvinas. En ese marco, la administración de Javier Milei impulsó un proyecto de ley para endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización de la Argentina y presentó una denuncia penal contra la empresa israelí Navitas por las perforaciones en el yacimiento Sea Lion.

Ese emprendimiento offshore es liderado por Navitas, que posee la participación mayoritaria, mientras que la británica Rockhopper mantiene el porcentaje restante. Ambas compañías sostienen que operan con licencias válidas otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido.

La disputa también quedó expuesta en torno a la interpretación del derecho internacional. La Argentina sostiene que el desarrollo de esos proyectos contradice una resolución de la ONU que insta a ambas partes a abstenerse de adoptar medidas unilaterales mientras persista la controversia por la soberanía.

El Reino Unido, en cambio, argumenta que los habitantes de las Malvinas tienen derecho a administrar y desarrollar sus recursos naturales en virtud del principio de autodeterminación. Buenos Aires rechaza esa interpretación y sostiene que ese principio no resulta aplicable a la población del archipiélago, al considerar que fue establecida por Gran Bretaña tras la ocupación de 1833.