Los 12 condenados por los Planes Sociales juegan su última carta antes de la cárcel

Las defensas de los 12 condenados en la causa de los Planes Sociales redoblaron la apuesta y presentaron una serie de recursos para frenar la sentencia que incorporó el delito de asociación ilícita. La movida judicial busca que otros jueces revisen el fallo antes de que la ejecución de las penas de prisión pueda avanzar.

El origen de la investigación fue una presunta maniobra para desviar fondos destinados a beneficiarios de la provincia de Neuquén. Según la acusación, se detectaron 9.303 operaciones consideradas irregulares, entre ellas 8.708 extracciones con tarjetas por $125.412.400 y 592 cobros de cheques por $27.970.300. La fiscalía sostuvo que parte de los movimientos se concretó mediante listados paralelos y cheques que terminaron en manos de personas ajenas a los beneficiarios.

La absolución que se dio vuelta

En octubre de 2025, el tribunal integrado por Juan Manuel Kess, Juan Guaita y Luciano Hermosilla había condenado a los 12 acusados por administración fraudulenta agravada, pero los había absuelto por asociación ilícita. Entre los elementos que se consideraron estuvo la cantidad de beneficiarios que declararon durante el juicio: de las miles de operaciones investigadas, solo 19 titulares fueron escuchados y 15 de ellos afirmaron haber recibido legítimamente los planes sociales, aunque señalaron que otras personas se habían quedado con el dinero.

El panorama cambió el 20 de agosto, cuando el Tribunal de Impugnación, integrado por Federico Sommer, Mauricio Macagno y Liliana Deiub, revocó las absoluciones y condenó a los 12 como integrantes de una asociación ilícita. Además, dejó sin efecto las penas anteriores y ordenó un nuevo juicio de cesura para establecer las sanciones.

Las defensas cuestionan ese cambio de criterio y sostienen, entre otros argumentos, que los nuevos jueces no escucharon personalmente a los testigos que habían declarado durante el debate original.

Qué buscan ahora los acusados

Ahora, los acusados buscan una nueva revisión antes de que la sentencia llegue a quedar firme. Las defensas presentaron impugnaciones ordinarias para que otra integración del Tribunal de Impugnación revise la incorporación de la asociación ilícita y también plantearon recursos extraordinarios ante el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén.

Entre los argumentos aparece el cuestionamiento sobre la interpretación de las 9.303 operaciones y sobre el grado de participación atribuido a algunos acusados. Mientras estas instancias permanezcan abiertas, la condena no está firme y todavía no corresponde ejecutar las penas de prisión.