Los 4 millones que salieron de la cuenta de Cristina: la firma que falta y el dato que la ubica lejos del banco

Un peritaje que lleva años archivado en los tribunales federales de Comodoro Py vuelve al centro de la escena por el juicio oral que arrancó este viernes contra las empresas de la familia Kirchner. El documento, fechado en octubre de 2020, reconstruye cómo Los Sauces SA pagó el departamento de San José 1111, la misma dirección donde la expresidenta Cristina Fernández cumple su prisión domiciliaria por la causa Vialidad, y detectó una cadena de irregularidades en el Banco Nación.

El núcleo de la maniobra está en una jornada puntual: el miércoles 6 de mayo de 2015. Ese día se extrajeron $4 millones —unos US$ 450.000 al tipo de cambio de entonces— de una caja de ahorro que compartían la por entonces jefa de Estado y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner. Minutos después, el dinero apareció depositado en una cuenta de Los Sauces SA.

Sin firmas, sin cajero y sin origen

El sumario interno del Banco Nación, que se activó después de que el kirchnerismo dejara la Casa Rosada, puso la lupa sobre ese trámite y encontró falencias en serie. La operación no tiene la firma del depositante, tampoco la intervención del cajero identificado como Lisandro Gauna ni de las instancias superiores que debían autorizarla. Tampoco hay documentación de respaldo ni constancia del origen de los fondos.

A eso se suma otro dato llamativo: las dos operaciones se hicieron sin la presencia de los titulares ni de un apoderado, y sin ningún pedido escrito de ellos. El peritaje se apoyó en el “Informe Final del Instructor” del BNA, que analizó el procedimiento real detrás de la compra de la unidad funcional 5, segundo piso, del edificio de San José 1111.

La secuencia minuto a minuto

Los horarios que quedaron registrados alimentan las sospechas. La autorización de la extracción figura a las 14:02:52 de aquel 6 de mayo. El ticket del depósito en Los Sauces lleva la hora 14:04:33 y el de la extracción, 14:04:37, apenas cuatro segundos más tarde.

El comprobante del depósito consignó a Cristina Fernández como depositante, como si la entonces Presidenta hubiera ido en persona a la sucursal de Río Gallegos. Pero el papel tiene un hueco: no lleva su firma manuscrita. El de la extracción tampoco.

Los documentos oficiales desmienten esa versión. Ese día la Presidenta estuvo en la Casa Rosada: a las 19 recibió a Zhao Leji, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, y al embajador de ese país, entre otros integrantes de la comitiva, según el Registro de Audiencias. El encuentro tuvo foto y testigos, como Axel Kicillof y Eduardo “Wado” De Pedro.

El cheque que nunca existió

La misma jornada dejó otra huella: se debitaron $3.959.000 de la cuenta de Los Sauces bajo el concepto “cheque de servicio”. Los instructores comprobaron que ese cheque nunca existió físicamente y que la sucursal de Río Gallegos no conservaba comprobante de la operación.

La reconstrucción indica que el débito se hizo a última hora, a partir de un mail que alguien de la gerencia de la sucursal Plaza de Mayo envió a las 16:23. En ese correo se pedía depositar $3.959.000 en la cuenta corriente de Pilisar SA, que registró el crédito por ese monto en la misma fecha. Según el sumario, el destino era la compra de “Certificados de Derivación de Ingresos” (Cedines), títulos públicos que emitió el kirchnerismo entre 2009 y 2011 y que, en tiempos de cepo cambiario, permitían a empresas y personas liquidar divisas en el exterior a cambio de un bono en pesos, un mecanismo de acceso al dólar paralelo o “dólar papel”.

Quién está detrás de Pilisar

Pilisar SA es una sociedad anónima argentina del rubro de los electrodomésticos, constituida en 2005 y vinculada al Grupo Newsan que controla el empresario Rubén Cherñajovsky. Se dedica sobre todo a fabricar y comercializar heladeras, lavarropas y otros equipos de “línea blanca”, con marcas como Siam, Atma, Philco y Coventry.

Las preguntas no terminan ahí. Los Cedines por US$ 370.000 que se usaron para la operación inmobiliaria fueron cedidos a Los Sauces SA por alguien que se identificó como Emilio Mazzola, por entonces socio y director de Pilisar SA. Su relación con Cherñajovsky atravesaría después momentos turbulentos, con acusaciones cruzadas que terminaron en la Justicia federal.

En 2020, Mazzola acusó a Cherñajovsky de forzarlo a una venta compulsiva de acciones de Pilisar SA y denunció el vaciamiento de la firma por al menos US$ 35 millones entre 2012 y 2015, los últimos tres años del gobierno de Cristina Fernández. Cherñajovsky respondió acusándolo de haberse robado 1000 heladeras.

Pero ese cruce de denuncias llegó después. En 2015, Mazzola colaboró en la compra de San José 1111 con Cedines. Los Sauces SA usó esos certificados para pagarle el departamento a Jorge Edmundo Coscia, según la escritura 168 del 11 de junio de 2015. A efectos fiscales, el precio se fijó en $3.344.800, calculados a $9,04 por dólar.

El “aporte irrevocable” que no cerró

Para darle visos de formalidad, el acta de directorio 24 de Los Sauces SA, del 5 de mayo de ese año, la certificación del contador Víctor Manzanares y la declaración jurada ante la UIF firmada por la presidenta de la firma, Romina Mercado —por entonces fiscal santacruceña e hija de Alicia Kirchner— describieron el ingreso de $4 millones como un aporte irrevocable de la Sucesión de Néstor Kirchner, integrado mediante acreditación bancaria.

Los sumariantes también encontraron inconsistencias ahí: los extractos reflejaron una extracción con tarjeta y un depósito en efectivo. Y los estados contables al 31 de diciembre de 2015 de Los Sauces SA no consignaron ese aporte en el patrimonio neto, que quedó en $2.234.400. En su lugar figuró un aumento de $6.427.106,97 en “cuentas particulares de socios”, un monto que coincidía con los créditos que los accionistas —la entonces Presidenta y sus hijos— declararon en Bienes Personales.

Visiones encontradas entre los peritos

Los peritos de la defensa sostuvieron que la operación fue legal. Destacaron que el 6 de mayo de 2015 había fondos suficientes en la cuenta corriente de Los Sauces SA y se apoyaron en el propio informe del instructor del BNA y en el crédito registrado en la cuenta de Pilisar SA, aunque admitieron que las operaciones no podían identificarse contablemente.

Más críticos fueron los peritos del Ministerio Público Fiscal. Señalaron que la falta del Libro Diario posterior al 31 de diciembre de 2014 les impidió trazar contablemente el origen de los fondos y que algunas operaciones pudieron hacerse en efectivo. Infirieron que el dinero provenía de aportes de los socios, aunque aclararon que su análisis se limitaba a la procedencia inmediata.

Del elogio a Newsan a la prisión domiciliaria

El peritaje se desarrolló en octubre de 2020, en plena cuarentena por la pandemia de Covid-19 dispuesta por el entonces presidente Alberto Fernández, que había llegado al poder con Cristina Fernández como compañera de fórmula.

En junio de 2022, ya como vicepresidenta, Fernández de Kirchner invocó a Newsan como ejemplo virtuoso para reclamar más intervención y regulación en las importaciones, en defensa de la industria local. No mencionó el rol que el conglomerado de Cherñajovsky había tenido antes en la compra de su departamento. Tres años después de aquel elogio, la exmandataria comenzó a cumplir allí su prisión domiciliaria por el “caso Vialidad”.

La compra de San José 1111 también dejó derivaciones en la unidad antilavado (UIF), que emitió un reporte, y en los tribunales. En Comodoro Py, el entonces juez federal Claudio Bonadío llegó a indagar y procesar a cuatro empleados de la entidad bancaria.

Consultado por LA NACION, el Banco confirmó que la entidad “sustanció oportunamente actuaciones sumariales originadas a partir de observaciones formuladas por la Auditoría de la Institución respecto de determinadas operatorias bancarias registradas en la Sucursal Río Gallegos”, centradas en “la modalidad bajo la cual determinadas operaciones fueron instrumentadas y documentadas”.

Los auditores verificaron “apartamiento respecto de los procedimientos internos vigentes en materia de instrumentación, documentación y control de operaciones bancarias”. Por eso el Banco asentó “apercibimientos” y “llamados de atención” en los legajos de empleados. El entonces gerente de la sucursal, Rolando D’Avena, ya había sido desvinculado por otra causa. “De haber continuado prestando servicios en el Banco”, indicaron desde la entidad, “habría resultado pasible de la aplicación de una severa medida disciplinaria”.

Ahora, Hotesur y Los Sauces concentran la acusación por presunto lavado de activos provenientes de la corrupción en el juicio oral que comenzó este viernes. Cinco empleados del Banco que gestionaron aquella operación en Río Gallegos —D’Avena, Marcelo Mazú, Raúl Avarese, Lisandro Gauna y Mónica Liliana Romero— figuran entre los acusados.