Los apartaron de la fuerza y ahora van a juicio: el secuestro de un joven que terminó con rescate

Cuatro efectivos policiales que fueron separados de la fuerza serán llevados a juicio oral por un hecho que sacudió a la comunidad: secuestraron y extorsionaron a un joven vinculado a la venta de marihuana en Tucumán. La víctima fue golpeada, privada de su libertad y liberada solo después de que su familia pagara un rescate.

Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió el 23 de febrero de 2024. Los agentes Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto al civil Facundo Nahuel Amaya —prófugo durante meses— actuaron presuntamente bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales.

¿Cómo fue el operativo ilegal?

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el grupo se presentó en un barrio privado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevó por la fuerza a L.G., un joven señalado como presunto vendedor de marihuana.

La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane perteneciente al policía Díaz y trasladada hasta la oficina de la Jefatura de Zona III, en el sur de la capital tucumana.

Durante el trayecto, según consta en el expediente, el joven recibió golpes en distintas partes del cuerpo. Las agresiones habrían continuado una vez dentro de la dependencia policial.

El rescate y las pruebas clave

La investigación sostiene que Amaya se dirigió al barrio donde residía el secuestrado y consiguió que un familiar le facilitara un número telefónico para iniciar negociaciones por la liberación.

Los imputados se comunicaron con la madre de la víctima, identificada como S.F.O., y le exigieron dinero para dejar en libertad a su hijo. Le insinuaron que, si pagaba, el muchacho sería liberado y no volvería a tener problemas judiciales. La madre finalmente entregó $ 240.000.

Tras la denuncia, el fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que reunió pruebas consideradas clave. Entre ellas, los policías habrían pactado previamente a través de Telegram una supuesta compra de marihuana y, cuando acudieron al encuentro, concretaron el secuestro.

La pesquisa también determinó que los efectivos se presentaron sin orden judicial y que no existía ninguna causa abierta contra el joven.

Uno de los testimonios centrales fue el del guardia de la dependencia policial, quien confirmó que los acusados estuvieron esa noche con el joven dentro de la base. Aclaró además que la Jefatura de Zona III no estaba habilitada para alojar detenidos, por lo que resultaba imposible justificar legalmente la presencia del muchacho.

Según su declaración, los imputados Díaz y Gómez ya habían llevado anteriormente a otras personas a esa dependencia bajo el argumento de realizar tareas de “identificación”. Nunca se registró oficialmente el ingreso del secuestrado en los libros.

WhatsApp y Telegram: las pruebas digitales

Al analizar los teléfonos celulares, el fiscal descubrió un grupo de WhatsApp creado el mismo día del hecho. En esos mensajes, Díaz y Gómez hablaban de realizar “un trabajo de merca” y mencionaban la incorporación de Jiménez al operativo.

En otros intercambios, los implicados presuntamente reclamaban “apurar a la vieja” para que pagara el rescate. Para el fiscal, uno de los datos más comprometedores surgió de mensajes en los que los acusados habrían pedido autorización al comisario Morales para trasladar al joven hasta la dependencia que él dirigía.

Durante el proceso, Díaz, Gómez y Jiménez rechazaron las acusaciones y aseguraron que participaron de un operativo legítimo vinculado a una investigación por estupefacientes. Sin embargo, Chit consideró que esa versión resultaba incompatible con las pruebas reunidas en el expediente.

“No obstante, dicha reconstrucción resulta incompatible con los elementos probatorios incorporados a la causa, los cuales permiten descartar que se haya tratado de un procedimiento legítimo”, sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

En cuanto al comisario Morales, negó haber impartido órdenes y afirmó desconocer las acciones desplegadas. El fiscal consideró “inverosímil” esa explicación al remarcar que los hechos ocurrieron íntegramente dentro de una dependencia bajo su jefatura y que existían comunicaciones telefónicas y mensajes previos y posteriores al episodio.

Las defensas intentaron impedir que el caso llegara a juicio oral mediante distintos planteos procesales, aunque todos fueron rechazados por el juez federal Guillermo Díaz Martínez.

Finalmente, el magistrado resolvió enviar a juicio a Díaz, Gómez y Jiménez por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales. En el caso de Morales, quedó imputado por el mismo delito en carácter de partícipe.

Además, el juez habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios derivados del episodio.