Los ató con medio metro de alambre: lo que la fiscal notó en el patio la dejó sin defensa

La Justicia de San Luis dio un paso que no tenía precedentes en la Unidad de Abordaje: formuló cargos contra una mujer por el maltrato al que sometía a dos perros caniche, Benji y Soldado, que vivían atados con alambres de medio metro, sin agua ni comida y entre sus propios desechos.

La imputación se concretó este jueves durante una audiencia en la que la acusada, acompañada por su abogado defensor, optó por no declarar. La jueza tuvo por formulados los cargos y le impuso una medida de coerción: deberá firmar el libro de imputados en la Fiscalía durante tres meses.

Cómo empezó todo

El expediente arrancó con una denuncia presentada el 18 de mayo. Desde entonces, personal policial hizo varias constataciones en el domicilio y, desde la vía pública, pudo observar la situación en la que estaban los animales.

Los efectivos no lograban dar con los habitantes de la vivienda durante las visitas, por lo que la Fiscalía pidió una orden de allanamiento a un juzgado de Garantía. Con la autorización judicial, entraron al inmueble y rescataron a Benji y Soldado.

Desde entonces, ambos perros quedaron al cuidado de una proteccionista que colaboró en el procedimiento y ya no están en el domicilio donde fueron encontrados.

El detalle que pesó en la imputación

La fiscal Alejandra Quiroga Nassivera explicó que los animales estaban obligados a comer, descansar, orinar y defecar prácticamente en el mismo espacio por la corta extensión de los alambres que los sujetaban. Esa situación fue uno de los elementos centrales que el Ministerio Público Fiscal consideró para avanzar con la imputación.

Los perros permanecían amarrados con alambres de aproximadamente medio metro, prácticamente sin posibilidad de desplazarse, en un espacio reducido y en condiciones de extrema suciedad.

Un antecedente para la Unidad de Abordaje

Quiroga Nassivera remarcó una particularidad del caso: aunque la Unidad de Abordaje ya intervino en numerosas denuncias por animales, es la primera vez que un expediente de este tipo llega a una audiencia de formulación de cargos. En otros casos se habían alcanzado acuerdos o soluciones alternativas antes de esa instancia.

“Es la primera vez que formulamos cargos por este tipo de delitos”, señaló la fiscal, quien explicó que en este caso entendieron necesario avanzar debido a las condiciones sufridas por los dos animales.

Qué dice la ley y qué sigue

La Ley 14.346 de protección animal establece penas de 15 días a un año de prisión para quienes sean condenados por actos de maltrato o crueldad contra animales.

La medida impuesta en esta etapa no representa una condena. La causa continuará con la producción y el análisis de las pruebas antes de que se defina su resolución.

Durante la audiencia también se sugirió que la imputada no adopte ni incorpore nuevos animales a su domicilio mientras avance el proceso. La fiscal aclaró, sin embargo, que no se trató de una prohibición judicial formal, ya que esa restricción no está prevista expresamente como medida dentro de la legislación aplicada al caso.

El problema que aparece después del rescate

Quiroga Nassivera aprovechó el episodio para remarcar la importancia de denunciar rápidamente los casos de maltrato y planteó otro problema que surge después de los rescates: la falta de hogares de tránsito y familias adoptantes.

La Fiscalía tiene actualmente otro expediente en el que fueron retirados siete perros de una vivienda y sólo uno consiguió hasta ahora una familia.

La causa de Benji y Soldado continuará en investigación. Más allá de su desenlace judicial, el expediente ya marca un antecedente para la Unidad de Abordaje: por primera vez una denuncia por maltrato animal llegó allí a una formulación formal de cargos.