Los colectivos no salieron y el Gobierno ya sabe qué les espera a las empresas

La jornada del miércoles dejó a miles de sanjuaninos esperando un colectivo que nunca llegó. Las unidades estaban diagramadas para circular, pero la mayoría quedó guardada y solo unas pocas salieron a la calle, muy lejos del esquema habitual. El Gobierno provincial ya anticipó que evaluará multas y sanciones económicas contra las empresas por la interrupción del servicio.

Así lo confirmó el secretario de Tránsito y Transporte, Marcelo Molina, en diálogo con Radio Sarmiento. El funcionario remarcó que la prestación debe garantizarse y que la retención no fue comunicada oficialmente al organismo. "El pasajero no puede ser rehén de ciertas circunstancias", sostuvo.

Qué sanciones podrían caer sobre las empresas

Molina explicó que, si se constata un incumplimiento en la prestación, la normativa contempla sanciones económicas y multas. "Son multas, son sanciones económicas", detalló, y agregó que cada incumplimiento puede quedar registrado para analizar después qué empresas prestaron correctamente el servicio y cuáles no.

El funcionario fue más allá: señaló que los antecedentes pueden ser considerados cuando llegue el momento de evaluar la continuidad de las concesiones. Es decir, lo que pasó este miércoles no se archiva.

De todos modos, aclaró que el conflicto tiene dos vías distintas. La Secretaría de Transporte debe controlar que el servicio concesionado se cumpla, mientras que el reclamo laboral corresponde al ámbito de la Subsecretaría de Trabajo.

Una medida que nadie avisó

Según el secretario, las unidades estaban listas para salir, pero la mayoría no lo hizo. Algunas circularon, aunque fueron muy pocas frente al esquema habitual. Molina sostuvo que la retención se produjo sin una comunicación oficial previa a Transporte, a diferencia de otras medidas en las que, según explicó, se había advertido con anticipación para evitar afectar a los pasajeros.

"Esta ha sido una medida intempestiva sin una comunicación oficial", afirmó durante la entrevista.

El funcionario también hizo referencia al contexto interno de la UTA, que atraviesa un proceso electoral, aunque planteó el tema como una cuestión que deberá ser evaluada para determinar si tuvo alguna incidencia en la situación.

El acuerdo salarial que no se habría cumplido

Molina reconoció que existe información sobre un acuerdo salarial y una nueva escala que no se habría cumplido en los pagos, situación que podría haber desencadenado la protesta de los trabajadores.

Sin embargo, diferenció ese reclamo de la obligación de garantizar el transporte público. "El conflicto gremial es un conflicto gremial que afecta al servicio, no es un conflicto del servicio", explicó.

En ese sentido, indicó que el Gobierno buscará dialogar con los distintos sectores para determinar qué ocurrió y por qué no se cumplió con lo acordado, pero remarcó que no aceptarán que los reclamos se canalicen mediante acciones que afecten la prestación.

La versión de las amenazas a choferes

Durante la entrevista, Molina fue consultado sobre versiones de que algunos trabajadores que intentaron salir a trabajar habrían sido interceptados y amenazados por otros choferes. El funcionario señaló que estaba tomando conocimiento de esa situación a partir de la entrevista y advirtió que, de confirmarse, se trataría de una conducta que podría derivar incluso en una denuncia policial.

"Protestar, reclamar, buscar un derecho corresponde, pero no se puede condicionar de esa manera si alguien quiere desarrollar la actividad", sostuvo.

Por ahora, el Gobierno no confirmó una sanción concreta ni contra una empresa determinada, pero Molina dejó en claro que se analizarán los incumplimientos registrados durante la jornada y que, si corresponde, se aplicarán las herramientas previstas por la normativa para garantizar la prestación del servicio.