Los contratos millonarios que complican a un diputado salteño: ¿qué hay detrás de la denuncia de Saravia?

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ENRESP), Carlos Saravia, presentó una denuncia penal contra el diputado provincial Daniel Segura por presuntos delitos contra la administración pública. El legislador, en tanto, rechazó las acusaciones y aseguró que buscan desviar la atención del reclamo por las tarifas de EDESA.

¿Cuáles son los delitos que se investigan?

Saravia denunció a Segura por omisión maliciosa de declaración jurada de bienes, negociaciones incompatibles con la función pública, tráfico de influencias y coacción agravada contra un funcionario. La presentación judicial fue realizada ante la Justicia provincial y solicita que se investigue si el legislador ejerció presiones indebidas sobre el titular del organismo regulador mientras mantenía intereses económicos en una empresa que obtuvo millonarias contrataciones con el Estado.

Contratos por más de $674 millones bajo la lupa

Según expuso Saravia, Daniel Segura posee el 25% de participación accionaria en la firma Miguel Segura S.A., empresa que, de acuerdo con la denuncia, obtuvo contrataciones públicas por $674.558.810 entre 2021 y 2026 para la provisión de módulos alimentarios, víveres secos y mercadería destinada a programas sociales. El titular del ENRESP sostuvo que esas operaciones serían incompatibles con la función pública y aseguró que el legislador habría omitido informar esa participación societaria en sus declaraciones juradas presentadas ante la Escribanía de Gobierno en 2020 y 2024.

Además, indicó que las declaraciones juradas fueron remitidas al Procurador General para que sean analizadas en el marco de la investigación. Saravia afirmó también que existe una prohibición expresa en la legislación provincial para que funcionarios mantengan intereses contrarios a la administración pública o intervengan, directa o indirectamente, en contrataciones estatales.

Presiones y campaña de desprestigio

Otro de los puntos centrales de la denuncia sostiene que el diputado habría desplegado una campaña pública con el objetivo de condicionar las decisiones del presidente del Ente Regulador. Incluso, Saravia manifestó que otro legislador le habría anticipado que se iniciaría una campaña de desprestigio en su contra como represalia por haber mencionado públicamente la participación de Daniel Segura en la empresa familiar. Según el funcionario, esas acciones configurarían un intento de presión hacia un organismo que debe controlar el servicio eléctrico en la provincia.

La defensa de Daniel Segura: “Esto busca cambiar el eje de la discusión”

Consultado por el programa Somos La Mañana, el diputado Daniel Segura rechazó categóricamente las acusaciones y sostuvo que la denuncia tiene como único objetivo desviar la atención del reclamo social por las tarifas de EDESA. “Lo que estamos discutiendo hoy son las facturas de luz que no puede pagar la gente. Eso es lo importante”, afirmó.

El legislador explicó que integra la empresa Miguel Segura S.A. porque heredó la participación familiar. “Somos cuatro hermanos. Cada uno tiene el 25%. El presidente de la empresa sigue siendo mi padre. Yo no tomo decisiones ni participo de las licitaciones”, sostuvo. También remarcó que no es funcionario del Poder Ejecutivo y consideró que será la Justicia la que determine si existe o no alguna incompatibilidad legal. “Estoy totalmente a disposición de la Justicia. Si el doctor Saravia dice que tiene pruebas, deberá presentarlas”, manifestó.

La causa quedó en manos de la Justicia

Mientras Saravia sostiene que existen elementos suficientes para investigar posibles delitos contra la administración pública, Daniel Segura asegura que la denuncia constituye un intento de desacreditar su postura frente al conflicto por las tarifas eléctricas. Ahora será la Justicia la que deberá analizar la documentación presentada, determinar si existen incompatibilidades legales y establecer si corresponde avanzar con la investigación penal.