Los dos acusados de la megainmobiliaria de San Juan se quedan en sus casas: la querella pidió la cárcel y el juez respondió con cinco meses más
La querella pidió que los dos acusados de la megainmobiliaria sanjuanina pasaran al Servicio Penitenciario de Chimbas y el juez resolvió otra cosa: la medida que los mantiene en sus casas se extiende por cinco meses más. La cifra del perjuicio y los detalles de la acusación, adentro.
Rubén Martín González y Denise Robles Bonadé seguirán detenidos en sus domicilios por otros cinco meses. El juez Guillermo Heredia ratificó este jueves la prisión domiciliaria que ambos cumplen en el marco de la causa por presuntas estafas en la venta de terrenos en San Juan, con un perjuicio que supera los $1.000 millones.
La decisión se tomó en una audiencia en los Tribunales locales, donde la querella —representada por Néstor Olivera y Marcelo Sández— pidió endurecer las condiciones de detención y trasladar de inmediato a los dos imputados al Servicio Penitenciario de Chimbas.
El pedido de la querella y el rechazo del juez
El planteo de los abogados se apoyó en supuestas violaciones a las restricciones impuestas. Mencionaron una salida no autorizada de González y un episodio en el que Robles Bonadé no habría respondido a un control policial.
Heredia rechazó el pedido: consideró que no se presentaron pruebas suficientes para tener por acreditados esos incumplimientos y optó por mantener la modalidad de detención domiciliaria.
La causa que investiga más de 200 compradores afectados
La investigación apunta a una maniobra de comercialización inmobiliaria ilegal que habría perjudicado a más de 200 compradores. Según las imputaciones del Ministerio Público Fiscal, a González se le atribuyen 159 hechos por presunta estafa y desbaratamiento de derechos en concurso real. Robles Bonadé, en tanto, enfrenta cargos como autora de estafa, estelionato y desbaratamiento de derechos en 141 hechos.
Con más de 20 meses acumulados bajo distintas medidas cautelares, los dos empresarios continuarán privados de la libertad en sus residencias particulares mientras la causa avanza en la etapa de instrucción.
