Los dueños de Branka Motors aceptan 5 años de prisión: la nueva estrategia que sorprendió en los tribunales de San Juan

Los dueños de Branka Motors, la concesionaria acusada de una estafa millonaria, decidieron cambiar el rumbo del proceso judicial. Este miércoles, en una audiencia clave, Alexis Marcó, Jonatan Marcó y Facundo Banega Zuvire aceptaron un juicio abreviado, evitando así el debate oral y público. La decisión, que incluye una condena de cinco años de prisión efectiva, se tomó ante la jueza de Garantías Carolina Parra y podría marcar el cierre de la investigación penal.

El abogado defensor, José Daniel Tejada, confirmó que el acuerdo fue sellado con el Ministerio Público Fiscal y será presentado formalmente en las próximas horas. Mientras tanto, los tres imputados permanecen detenidos en el Penal de Chimbas, a la espera de que la Justicia homologue el entendimiento. ¿Qué pasará ahora con los 352 damnificados que perdieron sus ahorros?

¿Cómo fue la estafa que conmocionó a San Juan?

La megacausa se originó por una maniobra comercial que captó a cientos de compradores: la firma ofrecía vehículos y motos a precios muy por debajo del mercado local. Sin embargo, detrás de las ofertas irresistibles se escondía un fraude que dejó un perjuicio económico de 524 millones de pesos.

El caso explotó entre diciembre y enero pasados, cuando Guadalupe Ailén Céspedes denunció que pagó 1.700.000 pesos por una motocicleta que nunca recibió. A partir de esa denuncia, el número de afectados creció de manera exponencial hasta llegar a 352 personas, y se espera que este miércoles se sumen tres damnificados más al expediente.

El acuerdo de pago que fracasó y la prisión preventiva

En mayo, las partes habían llegado a un principio de acuerdo para reparar el daño patrimonial. Pero el pacto se cayó cuando los imputados no pagaron la primera de las cinco cuotas previstas. Ante ese incumplimiento, el fiscal Guillermo Heredia pidió la baja del convenio y ordenó el traslado de los acusados al Servicio Penitenciario Provincial.

Desde entonces, los tres hombres cumplían prisión preventiva en el Penal de Chimbas, a la espera de una resolución que finalmente llegó con el juicio abreviado. La defensa, por su parte, busca cerrar la etapa penal y evitar un proceso más largo.

¿Qué pasará con los damnificados?

La homologación del juicio abreviado no resolverá la devolución de los 524 millones de pesos. Los afectados que quieran recuperar su dinero deberán iniciar demandas civiles por su cuenta, un camino que podría extenderse en el tiempo.

Mientras tanto, la causa penal queda prácticamente cerrada con esta condena, aunque los damnificados aún tienen esperanzas de obtener una reparación económica. La decisión de los imputados de aceptar el acuerdo podría ser vista como un intento de acelerar el proceso, pero no garantiza el pago de lo adeudado.