Los dueños de Suizo Argentina fueron a declarar por la causa ANDIS y dejaron un escrito con un pedido que puede voltear todo

Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los hermanos que manejan la droguería Suizo Argentina, se presentaron este miércoles en los tribunales federales de Comodoro Py para la indagatoria por la causa ANDIS. Se negaron a responder preguntas, entregaron un descargo por escrito y pidieron la nulidad de todo lo actuado.

La acusación que pesa sobre ellos es fuerte: integrar una asociación ilícita que habría funcionado dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) durante el gobierno de Javier Milei. La pesquisa, que lleva adelante el fiscal Franco Picardi junto a la Fiscalía Anticorrupción de Sergio Rodríguez, apunta a la firma como una pieza central de la trama.

Qué le achacan a Suizo Argentina

Según el dictamen del fiscal, la droguería habría cooptado la agencia que comandaba Diego Spagnuolo, íntimo amigo del Presidente. A través de esa maniobra, Suizo Argentina “tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización compuesto por otras 14 firmas identificadas hasta el momento”.

La fiscalía sostiene que la empresa vendió medicamentos con sobreprecios que llegaron al 4.000%. Y remarca un dato que consideran clave: en apenas 15 meses, Suizo Argentina “fue la empresa privada que más dinero recibió de la agencia”, con casi $140.000 millones, lo que representó alrededor del 30% de las erogaciones de la ANDIS.

La defensa de los Kovalivker

Jonathan Kovalivker, presidente de la firma, negó “de manera categórica” haber integrado o dirigido una asociación ilícita y rechazó haber participado en maniobras defraudatorias contra el Estado o en negociaciones incompatibles con la función pública.

En su escrito sostuvo que Suizo Argentina es “una compañía centenaria del sector de la salud con más de 100 años de trayectoria, cerca de 2.000 empleados y múltiples centros de distribución federales”. Y afirmó que la facturación con la ANDIS representó un porcentaje marginal de sus ventas totales: 2,14% en 2023, 4,22% en 2024 y 3,14% entre enero y octubre de 2025.

El empresario también cuestionó la imputación por considerarla vacía de hechos concretos. Aseguró que se vulneró su derecho a la defensa porque “la imputación fiscal se limita a atribuirle responsabilidad penal meramente por ‘ser’ presidente de la empresa”, sin describir “ningún acto personal, orden, firma, comunicación o reunión suya vinculada con los hechos”.

Desde su entorno remarcaron que “la fiscalía no encontró ninguna comunicación, mención o instrucción de Kovalivker” y que las visitas registradas en su domicilio corresponden a empresarios del mismo rubro o vínculos sociales.

El operativo y la fuga que complicó al jefe de seguridad de Nordelta

El expediente tiene un capítulo llamativo: cuando la Justicia allanó la vivienda de Jonathan Kovalivker en el barrio privado “La Isla”, el empresario logró irse antes de que llegaran los agentes de la policía de la Ciudad. Recién tres días después se presentó en tribunales para entregar su celular, que tenía pedido de secuestro.

Por ese episodio, el juez Sebastián Casanello –el primer magistrado que tuvo el caso– procesó a mediados de 2025 a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad de Nordelta, por obstruir el accionar de la Justicia el 22 de agosto del año pasado. La situación de De Vincentis hoy está en manos de los tribunales orales de San Martín, luego de que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, se declarara incompetente. El tribunal deberá definir si lo envía a juicio, si hay juicio abreviado o si accede a una probation.

El pedido de nulidad y los audios de Spagnuolo

La defensa de Jonathan Kovalivker pidió la nulidad del dictamen fiscal y de la resolución del 21 de agosto de 2025 que dio origen a la causa “por haberse originado a partir de audios de origen ilícito, clandestino y con presuntos indicios de manipulación o edición”. También cuestionó el procedimiento en “La Isla” por “las múltiples irregularidades” que, según plantearon, tuvo el operativo. Además, reclamó que se deje sin efecto la inhibición general de bienes dictada en su contra.

Los audios a los que se refieren son los que difundió Carnaval Stream, en los que Spagnuolo describe un sistema de corrupción en la ANDIS del que un 3% terminaba en manos de Karina Milei, hermana del Presidente. Picardi nunca los tomó como prueba: solo fueron un disparador mediático. El caudal probatorio del expediente surgió de los allanamientos, con secuestro de celulares y documentos. Igual, por decisión del juez Ariel Lijo, la Gendarmería Nacional los está peritando.

La situación de Emmanuel Kovalivker

El vicepresidente de Suizo Argentina hasta finales de 2025 también rechazó las acusaciones. Dijo que trabajó 20 años en la firma y que se desvinculó el 30 de noviembre de 2025, después del escándalo. A diferencia de su hermano, él sí fue ubicado durante el operativo de agosto de 2025 en “La Isla”: tenía en su poder 266 mil dólares distribuidos en distintos sobres.

Según su descargo, “su interceptación en el barrio La Isla ocurrió cuando se dirigía voluntariamente a la casa de su hermano y que entregó su dispositivo sin resistencia”. Por eso su celular fue analizado.

En su defensa sostuvo que se lo imputó “por ser vicepresidente” de la droguería, sin achacarle un hecho delictivo concreto, y que lo facturado a la ANDIS fue una cifra intrascendente para la empresa. También afirmó que “jamás intervino en la fijación de precios, cotizaciones, ventas a privados ni en operaciones con organismos públicos (como la ANDIS)”.

Respecto a las conversaciones que se le atribuyen, dijo que son “esporádicas y atemporales y fuera del objeto procesal”. Las únicas comunicaciones rescatadas de su teléfono son de julio a diciembre de 2023. Entre ellas se destacan intercambios con Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS con ascendencia sobre Daniel Garbellini, el número 2 de la agencia. Para la fiscalía, Atchabahian –ya procesado– fue un lobista de Suizo. Uno de los chats que resaltó Picardi es de agosto de 2023: “Gracias Ema querido soy un soldado”, le dice Atchabahian; y el vicepresidente responde: “Un gran soldad(o)”.

Atchabahian está citado a indagatoria para el 24 de noviembre por su rol en esta etapa del caso y, según su entorno, tiene pensado declarar.

En el celular de Emmanuel los investigadores también hallaron “una serie de contactos que permiten corroborar la existencia de vínculos entre las empresas que denominamos cartelizadas”. Su respuesta: “tener contactos agendados del rubro o pertenecer a grupos vecinales/laborales de WhatsApp no constituye delito”.

Quiénes más desfilarán por Comodoro Py

Además de los Kovalivker, este miércoles estuvo citado Horacio Encino, quien no declaró ni presentó escrito. El martes había abierto la tanda Sebastián Nuner Uner, director de Asuntos Corporativos de Suizo, que también se negó a declarar y presentó un escrito.

Las 39 indagatorias continuarán en las próximas semanas: Yair Hendler y Delia Navarro (11 de noviembre); Joel Hendler (12); Facundo María Giudici, Juan Giudici, Fernando Oris de Roa y Diego Viner (13); un grupo de 17 personas citadas para el 17, 18 y 19; José Reboratti, Eduardo Roqueta, Ezequiel Masjuan, Guillermo Fernández Funes y Pablo Atchabahian (24); Juan Ignacio Sabio y Miguel Ángel Calvete (25); y Luis Segura, Diego Torre y Patricia Calderón (26).

Cuando terminen las indagatorias, el juez Ariel Lijo resolverá la situación procesal de los citados. El caso ANDIS acumula “85 personas físicas y 40 personas jurídicas vinculadas a las maniobras delictivas” y ya suma 44 procesamientos. Con el ritmo actual, esa cifra seguirá creciendo.