Los fiscales de San Luis van al choque por la reforma judicial: la carta que piden a Cadelago Filippi

Los fiscales de las tres circunscripciones judiciales de San Luis plantaron bandera contra el proyecto que modifica la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. El texto ya tiene media sanción del Senado provincial y sigue su curso en Diputados, en el marco de la Reforma Judicial que empuja el oficialismo.

El malestar quedó plasmado en una nota que los funcionarios enviaron al procurador general de la Provincia, Sebastián Cadelago Filippi. Allí piden una reunión urgente y exponen sus reparos a una iniciativa que, según sostienen, les pega de lleno en lo laboral y en la salud.

Qué cambia con la reforma

El corazón del proyecto es una modificación en el esquema de trabajo: el fiscal de Instrucción también actuaría como fiscal de juicio en las causas que él mismo inicia. Hoy esas dos etapas están en manos de funcionarios distintos.

Desde el oficialismo defienden la idea con un argumento procesal: la fragmentación actual complica que el fiscal de juicio tenga a mano todos los elementos probatorios que se juntaron en la instrucción, justo cuando necesita evaluar y redefinir el rumbo de una causa.

Más tareas, misma plata

La objeción de los fiscales pasa por otro lado. Aseguran que la reforma les suma responsabilidades sin ninguna compensación económica y sin recursos extra. En el escrito hablan de «un incremento de nuestras funciones sin la contraprestación económica justa ni el refuerzo proporcional de personal e insumos de trabajo».

El diagnóstico que trazan sobre su día a día no es optimista: salarios deficientes, falta de personal y de insumos, y exposición permanente a situaciones de riesgo.

«A ello se suman las deficientes condiciones salariales que percibimos; la presión permanente a la que nos vemos sometidos; la notoria insuficiencia de recursos humanos y materiales; el riesgo constante derivado del trato diario con personas en conflicto con la ley penal», detallaron en la nota.

El argumento de fondo

Más allá del reclamo salarial, los fiscales cuestionan la eficacia de la propia reforma. En el documento remitido el viernes al procurador sostienen que la normativa «resulta no solo lesiva para nuestros derechos laborales y condiciones de salud, sino que entendemos que no aportaría elementos que contribuyan a la optimización ni a la eficiencia del servicio de Justicia».

Con la media sanción del Senado ya conseguida y el debate instalado en Diputados, la pelota queda ahora en manos de Cadelago Filippi, a quien los fiscales le reclaman una audiencia para discutir el texto antes de que se convierta en ley.