Los gimnasios de Exxen buscaron seguir abiertos con un fideicomiso, pero la Justicia les cerró la puerta

El fiscal federal Patricio Nicolás Sabadini rechazó de plano la propuesta que buscaba mantener en funcionamiento tres gimnasios vinculados a Exxen Gym, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos. La iniciativa había sido impulsada por empleados de la firma, que pretendían administrar los locales a través de un fideicomiso.

La presentación fue realizada por trabajadores vinculados a Exxen, con el patrocinio del abogado Mladen Ignacio Sincovich. El planteo proponía una estructura legal para garantizar la continuidad de las unidades económicas mientras avanza la causa judicial.

Tras analizar el expediente, Sabadini concluyó que «no corresponde hacer lugar a lo solicitado» y calificó la propuesta de «inviable». Según su dictamen, el mecanismo podría entrar en contradicción con las medidas cautelares vigentes en la investigación.

El argumento del fiscal

El fiscal sostuvo que la continuidad de las actividades comerciales debía evaluarse en función de las medidas cautelares ya dictadas y de la situación procesal de las sociedades investigadas. En ese marco, consideró que el fideicomiso no podía ser admitido en los términos planteados.

Para fundamentar su rechazo, Sabadini ubicó la propuesta dentro del contexto general de la causa principal. Recordó que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado una ampliación del requerimiento de instrucción el 1° de septiembre pasado, con el objetivo de extender la acción penal contra varias personas jurídicas vinculadas al entramado societario.

Entre las sociedades mencionadas en el escrito fiscal se encuentran Exengym SRL, Rana SRL, Exen Academy SAS y Pampafitness SAS. Según la hipótesis investigativa, estas firmas habrían sido utilizadas para maniobras de lavado de activos.

Sabadini sostuvo que las empresas habrían participado en la «inserción, disimulación y reciclaje de fondos de origen ilícito provenientes del narcotráfico y/u otros delitos de acción pública».

Vínculos bajo sospecha

El fiscal también señaló que los elementos reunidos hasta el momento permitirían establecer un vínculo entre las personas físicas procesadas por lavado de activos y las sociedades mencionadas. Esa vinculación fue uno de los ejes considerados por el MPF al analizar el funcionamiento de las estructuras societarias.

En su presentación, Sabadini afirmó que las personas jurídicas investigadas habrían sido constituidas, operadas e instrumentadas para el esquema de lavado, aunque reconoció que desarrollaban una explotación comercial real.

Medidas cautelares y suspensión

Dentro de los fundamentos del rechazo, el fiscal recordó que el MPF había solicitado medidas cautelares sobre las sociedades involucradas. Posteriormente, a partir de la extensión de la acción penal, la Fiscalía pidió además la suspensión temporal de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las firmas investigadas.

Según explicó Sabadini, esa solicitud tuvo como finalidad evitar la continuidad de los hechos delictivos para los cuales, según la hipótesis fiscal, las estructuras habrían sido constituidas y utilizadas. En este marco, entendió que permitir la continuidad de ciertas actividades comerciales podía entrar en contradicción con las medidas adoptadas en la causa.

Fideicomiso incompatible

El plan de los empleados contemplaba la utilización de un fideicomiso para administrar y explotar los tres gimnasios alcanzados por las actuaciones judiciales. Sabadini cuestionó la viabilidad jurídica del mecanismo y sostuvo que la estructura no resultaba compatible con las circunstancias procesales de las sociedades investigadas.

Entre los aspectos objetados, el fiscal señaló la posibilidad de que las sociedades alcanzadas por la investigación pudieran actuar como fiduciantes dentro de la estructura planteada por los trabajadores. El dictamen también cuestionó la designación de Juan Martín Castillo Cassiet como fiduciario.