Los jueces no tienen su propio código de ética: la iniciativa que duerme en el Consejo de la Magistratura

Mientras la abogacía cuenta con tribunales de disciplina y códigos de ética en cada colegio, el Poder Judicial sigue sin reglas equivalentes. Dos abogadas que recorren el país antes de las elecciones del 20 de octubre contaron cómo una iniciativa que ya tiene dictamen favorable quedó frenada en el plenario.

Jimena de la Torre, consejera saliente en representación de la abogacía, y Claudia Sarmiento, candidata por la lista N° 3 “Unidad en Defensa de la Abogacía”, visitaron la redacción de EL LIBERTADOR en el marco de su recorrida por Chaco y Corrientes. Ambas integran la agrupación Abogados en Acción y llegan con una propuesta que apunta a cambiar el funcionamiento interno de la justicia federal.

El Consejo de la Magistratura de la Nación es el organismo constitucional que selecciona candidatos a jueces, administra los recursos del Poder Judicial y tramita los procesos de disciplina y remoción de magistrados. En ese ámbito, las dos profesionales vienen empujando un Código de Ética para los jueces que ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Reglamentación, pero que aún no logró tratamiento en el plenario.

¿Por qué quedó frenado el código de ética?

Según relataron las abogadas, el tratamiento quedó pendiente después de que la Corte Suprema pidiera evaluar la incorporación de sus propios integrantes al texto, dado que la jurisdicción del Consejo alcanza “desde la Cámara de Casación hacia abajo”, expusieron. “Venimos trabajando en esto hace ya cuatro años”, subrayó De la Torre, quien aspira a que el código se apruebe antes del recambio de octubre.

Sarmiento, por su parte, vinculó la modernización judicial con la previsibilidad que exigen las inversiones y puso como ejemplo el potencial minero de su provincia, San Juan: “Sin seguridad jurídica, ningún proyecto de esa escala logra despegar”, aseguró.

Qué dicen sobre las denuncias contra jueces

Consultada sobre los criterios para evaluar denuncias contra magistrados, De la Torre explicó que el mero disgusto con el contenido de una sentencia no es causal de remoción, sino que debe canalizarse por la vía de la apelación. Distinto es el caso de un juicio de responsabilidad política, donde señaló cuatro causales posibles: la falta de idoneidad psicofísica, la falta de idoneidad técnica —cuando existe un desconocimiento manifiesto del derecho—, la falta de idoneidad ética y la falta de idoneidad de gestión por demoras injustificadas.

“Estas pautas son las que los consejeros debemos tener grabadas a fuego al examinar una denuncia contra un magistrado”, planteó la consejera. Sarmiento coincidió en la necesidad de un proceso de selección menos discrecional, con exámenes robustos y puntuación objetiva de antecedentes.

El caso Goggi y el reclamo por honorarios dignos

Para ilustrar su defensa del carácter alimentario de los honorarios, De la Torre remitió al expediente que impulsó contra el juez nacional en lo civil Carlos Hugo Goggi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91. A partir de una denuncia del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, la consejera le dio impulso dentro de la Comisión de Disciplina, que en agosto votó, por seis contra tres, a favor de aplicarle una multa equivalente al 35 por ciento de sus haberes mensuales, tras considerar que el magistrado declaró de manera reiterada y de oficio la inconstitucionalidad de la Ley de Honorarios Profesionales.

El expediente aguarda su tratamiento en el plenario del Consejo, presidido por Horacio Rosatti. “No venimos a hacer campaña, no nos acordamos de los honorarios ahora”, diferenció De la Torre. De todas formas, recalcó que el reclamo se circunscribe en un marco de siete compromisos que firmará la Lista N° 3.

Litigar sin cobrar, la otra cara de la profesión

Consultadas por la realidad del ejercicio profesional, las dos abogadas describieron un cuadro de honorarios devaluados y de defensorías oficiales desbordadas, que dejan a numerosos litigantes sin representación adecuada. Sarmiento relató que, con frecuencia, los abogados particulares hacen una contención previa al juicio para evitar que sus clientes lleguen a un proceso que no pueden solventar.

Ambas remarcaron que el sistema argentino de imposición de costas —que obliga a pagar los gastos del juicio a quien lo provocó— es la garantía que permite litigar en representación de personas sin recursos y que, a su vez, representa “un estímulo más” para el propio letrado a la hora de presentar una demanda, independientemente de los recursos con los que cuente el cliente.

Las elecciones del 20 de octubre

La lista Unidad en Defensa de la Abogacía, identificada como Lista 3, surge de la alianza entre Abogados en Acción y el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, cuyo referente es Ricardo Gil Lavedra. Encabeza la nómina de titulares Alberto “Nacho” Biglieri, abogado administrativista y ex consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023. Lo secundan Claudia Sarmiento; Eduardo Bittar, presidente del Colegio de Abogados de Córdoba; y María Jazminka Mihaljevic, del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial cordobesa.

Entre los suplentes figuran Carlos Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Lipera y Carolina Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Corrientes. La boleta competirá el 20 de octubre, entre las 9 y las 18, contra otras tres nóminas: Abogacía Unida y Dignidad Profesional, encabezada por Itatí Demarchi; Abogacía Federal, con Fernando Levene a la cabeza; y Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato.

Bajo el sistema de distrito único nacional, cerca de 184.000 matriculados federales definirán a los cuatro consejeros titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030, en reemplazo de De la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Las listas quedarán oficializadas el 30 de septiembre, tras el plazo de impugnaciones ante la Junta Electoral que funciona en la Federación Argentina de Colegios de Abogados.