Los kioscos cobran un precio y ARCA recibe otro: el reclamo tabacalero que complica a cuatro firmas
De las diez fabricantes habilitadas, menos de la mitad estaría aportando al Fondo Especial del Tabaco. Los productores llevaron el reclamo a la Nación y apuntaron contra cuatro firmas: hay un pedido que podría cambiar lo que pagás en el kiosco.
El tabaco salteño volvió al centro de la escena con una denuncia que apunta directo a la caja del Estado: productores de Salta, Jujuy y Misiones aseguran que la evasión en la venta de cigarrillos supera los 700 millones de dólares anuales y piden que el Gobierno nacional refuerce los controles.
El planteo se hizo durante una reunión con el secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, de la que participaron representantes tabacaleros de las tres provincias y el senador provincial salteño Enrique Cornejo Saravia, según difundió LA NACIÓN.
De acuerdo con lo expuesto por las entidades, de las diez fabricantes habilitadas para operar formalmente en el país, menos de la mitad estaría haciendo los aportes correspondientes al Fondo Especial del Tabaco (FET). A eso suman otra sospecha: diferencias entre los precios que las empresas declaran ante ARCA y los valores a los que los cigarrillos terminan vendiéndose en los kioscos.
Las firmas señaladas
Cornejo Saravia identificó a cuatro empresas sobre las que, según los representantes del sector, existen diferencias entre los valores declarados y los precios finales: Sarandí, Espert, Cigarrillos y Tabaco CJ.
El legislador sostuvo que Espert y la firma jujeña que fabrica los cigarrillos CJ tampoco estarían realizando los aportes al FET sobre los valores que declaran.
Las entidades tabacaleras presentaron sus planteos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y señalaron que cerca del 40% de las ventas del mercado interno se realizaría con precios declarados por debajo de los valores reales.
Según los cálculos técnicos que presentaron las cámaras, la presunta evasión provocaría un perjuicio superior a los 700 millones de dólares anuales para el Tesoro nacional. El impacto, sostienen, también alcanza a los fondos que reciben provincias y municipios.
Además, los dirigentes estimaron en unos 70 millones de dólares anuales el perjuicio sobre el sistema previsional por la merma en la recaudación del impuesto adicional aplicado al precio final de los cigarrillos.
Qué pasa con el Fondo Especial del Tabaco
El FET es una fuente de financiamiento clave para las provincias productoras. Según explicó Cornejo Saravia, los cigarrillos pagan distintos conceptos impositivos: impuestos internos, IVA, ingresos brutos y un 7% correspondiente al Fondo Especial del Tabaco.
El dirigente sostuvo que las diferencias entre los precios declarados y los valores de venta terminan reduciendo los recursos que llegan a los productores, justo en una etapa clave del ciclo productivo, cuando se afrontan tareas de trasplante, labores culturales y compra de insumos cuyos costos están atados al dólar.
Un QR para controlar el precio
Entre las medidas propuestas, los representantes tabacaleros plantearon implementar un sistema de trazabilidad con un código QR obligatorio en cada paquete de cigarrillos.
La idea, según explicó Cornejo Saravia, es que el consumidor pueda escanear el código y conocer el precio formal declarado del producto. El objetivo es reducir la brecha entre el valor informado ante el organismo recaudador y el precio que finalmente se cobra en los kioscos.
"Cuando figure $800 el paquete pague ese valor y no los $2500 como el kiosquero le pide", explicó el senador al describir el funcionamiento que proponen.
Los productores sostienen que de esa manera los fabricantes tendrían que acercar los precios declarados a los valores reales de comercialización y, en consecuencia, aumentarían los montos sobre los que se calculan los impuestos y el FET.
Representantes de las siete provincias tabacaleras también respaldaron un proyecto de ley presentado en el Congreso que busca incorporar al esquema tributario a las nuevas manufacturas de tabaco calentado y otros productos con nicotina.
Ahora el reclamo quedó en manos de las autoridades nacionales. Los productores esperan que ARCA avance con controles sobre los precios declarados y que Agricultura reclame los fondos del FET que, según denuncian, permanecen pendientes.