Los Kirchner y 24 nombres en una causa que ya tiene su cifra clave
¿Qué rol les atribuye la UIF a Cristina y Máximo Kirchner en la causa que ya tiene 24 imputados? La cifra que menciona la acusación y el nombre de la sociedad que, según la querella, funcionó como canal.
La Unidad de Información Financiera (UIF) empezó a leer su acusación en el juicio por Hotesur y Los Sauces y apuntó directo contra la expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner, a quienes la querella involucra en un entramado que, según su presentación, se sostuvo durante más de una década.
El Tribunal Oral Federal N°5 abrió una nueva audiencia de este proceso. En la elevación a juicio, la querella describió una "asociación ilícita de carácter estable y permanente" que, según su lectura, sirvió para favorecer con contratos públicos a "empresarios amigos" y para "apoderarse de fondos públicos mediante mecanismos de lavado de dinero".
El circuito que describe la acusación
De acuerdo con la UIF, los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Kirchner idearon un "sistema para transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes". Ese mecanismo, siempre según la querella, se apoyó en préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros, obras de mejora en esos establecimientos y el alquiler de inmuebles.
La inmobiliaria Los Sauces habría sido el canal para que los "pagos por la obra pública concedida" ingresaran al patrimonio familiar "con apariencia de origen lícito". La acusación pone en ese punto el corazón de la maniobra: los fondos llegaban a la familia presidencial bajo el concepto de cánones locativos.
El escrito menciona a 24 imputados, cada uno con un rol dentro del presunto esquema. Entre ellos figuran los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Para los expresidentes, la UIF sostuvo que "aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales que su cargo les otorgaban", junto a otros funcionarios que dependían de ellos y "valiéndose de la presunción de legitimidad de la que gozan los actos de un funcionario público".
Las dos fuentes de financiamiento
Igual que la Fiscalía, la querella identificó dos orígenes para el dinero que, según su hipótesis, se lavó a través de Los Sauces. El primero, los fondos obtenidos por la "defraudación con la obra pública en Santa Cruz" a las empresas de Báez. El segundo, el "crecimiento exponencial" de las firmas del Grupo Indalo, impulsado por contratos de obra pública, explotación hidrocarburífera y juegos de azar, entre otras actividades.
La acusación reconstruye la maniobra en etapas. La primera arranca en 2006, con la conformación de Los Sauces por parte de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y su hijo Máximo, designado presidente de la sociedad. Florencia, la otra hija del matrimonio, no participó desde el inicio pero se incorporó después y, según la querella, resultó beneficiada.
El segundo paso consistió en "dotar de bienes a la sociedad que, a posteriori, servirían como canalizadores de fondos que se iban a transferir" desde las firmas de los "empresarios amigos". Después, esos conglomerados celebraban "contratos de locación simulados" con Los Sauces para justificar las transferencias. Para la UIF, se hicieron "sin justificación alguna" y a "precios más costosos" que los del mercado.
"Así, queda evidenciado que el negocio inmobiliario y hotelero desplegado por la firma Los Sauces" fue "el vehículo por medio del cual se llevó adelante el proceso de colocación del dinero recibido del Estado nacional", siempre con "apariencia de legalidad", señala el texto.
La cifra que pone la querella sobre la mesa
Entre 2009 y 2016, la inmobiliaria de la pareja presidencial habría recibido más de 25 millones de pesos como parte de estas maniobras, de acuerdo con la acusación. La UIF habla de "un esquema de corrupción sin precedentes" que se extendió por más de doce años y en el que participaron personas de "extrema confianza".
Tras terminar con la primera parte del requerimiento, el presidente del tribunal, José Michilini, fijó un cuarto intermedio hasta el viernes 13 de noviembre. Falta escuchar el resto de la acusación de la UIF para luego empezar con la elevación a juicio de la causa Hotesur.
Michilini también adelantó que evalúan sumar audiencias los miércoles, además de los lunes y viernes, "a los fines de no retrasar la lectura" de los requerimientos y para evitar habilitar los sábados.
