Martín Simonian confirmó en Canal 10 qué controles deberán cumplir los municipales y qué pasa con quienes ya tienen años en la administración. El certificado de antecedentes, todos los años, y el narcotest que ahora los alcanza a ellos.
La Municipalidad de Córdoba avanza con una reforma del Estatuto del Personal Municipal que cambia las reglas tanto para quienes quieren ingresar como para los que ya trabajan en la administración. El proyecto contempla la presentación anual del certificado de antecedentes penales, la realización de narcotest y la obligación de informar si un empleado recibe una pena privativa de la libertad.
La novedad se conoció este jueves y fue explicada en diálogo con Canal 10 por Martín Simonian, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Según detalló, la iniciativa partió del Departamento Ejecutivo y luego se compatibilizó con propuestas de distintos bloques, incluidos los de la oposición.
Una norma con décadas de vigencia
Simonian puso el foco en que el estatuto actual arrastra un largo tiempo sin retoques en materia de requisitos. "Esta reforma al estatuto, que ya lleva varias décadas de vigencia, no sufrió ningún tipo de modificación en cuanto a los requisitos de ingreso", señaló el legislador.
Ese es, justamente, el punto que la reforma busca actualizar: las condiciones que se piden para entrar y para mantenerse dentro de la administración pública municipal.
Qué cambia para los empleados municipales
El certificado de antecedentes penales deberá presentarse todos los años, según precisó Simonian. El narcotest, en tanto, ya era obligatorio para los funcionarios y ahora se extenderá también a los empleados municipales.
Los nuevos controles no alcanzan solo a los ingresantes. Quienes ya están trabajando en la Municipalidad también quedan comprendidos. "Para quienes ya están trabajando en la Municipalidad, sí empieza a tener vigencia la necesidad de la presentación anual del certificado de antecedentes", afirmó.
Informar una condena, otra de las obligaciones
Otro de los puntos centrales de la reforma es la obligación de informar cuando un agente recibe una condena con pena privativa de la libertad.
Para Simonian, se trata de una demanda del propio Estado municipal que excede a un gobierno en particular. "Entendemos que es una necesidad del Estado municipal, gobierne quien gobierne", remarcó.
