Lunes sin clases en Tucumán: el motivo que paraliza las aulas y enciende la alerta del Gobierno
¿Qué hay detrás de la medida que deja sin clases a miles de alumnos? Los detalles del paro que desafía al Gobierno y la inspección que promete sanciones.
Las aulas de las escuelas públicas de Tucumán permanecerán vacías este lunes. La medida, que afecta a todos los niveles educativos, responde a una decisión gremial que trasciende las fronteras provinciales y que ya puso en alerta al Ministerio de Capital Humano.
La Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (ATEP) confirmó su adhesión total al paro nacional convocado por CTERA, con una modalidad que implica no asistir a los lugares de trabajo. Esta huelga, que se replica en todo el país, impacta directamente en el reinicio del ciclo lectivo tras el receso invernal.
La medida alcanza a los niveles inicial, primario y secundario, y se extiende a distritos clave como la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero, entre otros puntos del territorio nacional.
¿Cuál es el reclamo principal?
Hugo Brito, secretario general de ATEP, fue contundente al explicar los motivos de la medida: "Por supuesto ATEP adhiere al paro de CTERA porque somos un gremio de base y en las decisiones que toman también participamos. Será sin asistencia a los lugares de trabajo en reclamo del presupuesto educativo que lo han acotado".
Uno de los ejes del conflicto es la eliminación de la Paritaria Nacional Docente, un espacio que fijaba un salario mínimo para todo el país y que servía como referencia para las negociaciones provinciales. Brito explicó que "quedó sin efecto la paritaria nacional, que era la reunión entre las autoridades educativas y los gremios centrales docentes de todo el país, en la que se discutía el piso salarial nacional por debajo del cual ninguna provincia podía pagar el sueldo a sus docentes".
El dirigente también cuestionó el recorte del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), de los fondos para conectividad y del fondo compensador, medidas que atribuyó a la política de ajuste del Gobierno nacional.
A pesar de la adhesión al paro, Brito reconoció que en Tucumán se mantiene vigente el acuerdo salarial alcanzado con la Provincia, que contempla actualizaciones trimestrales según la inflación acumulada. Sin embargo, fue tajante: "Si bien nosotros hemos logrado ir acompañando la inflación, un sueldo docente no alcanza, como no alcanza en muchas otras provincias".
La respuesta del Gobierno nacional
Frente a esta situación, el Ministerio de Capital Humano anunció que realizará una inspección muestral en escuelas de todo el país para verificar si los gremios que convocan a la huelga garantizan el 75% de la prestación habitual del servicio educativo, tal como establece la Ley 27.802.
La cartera nacional advirtió que, si detecta incumplimientos, activará los protocolos para aplicar sanciones. La supervisión se realizará en el marco de las atribuciones de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, según indicó el Gobierno a través de un comunicado.
El Ejecutivo recordó que el artículo 101 de la Ley 27.802 declara a la educación como servicio esencial, aunque existe una disputa judicial en torno a esa disposición: una medida cautelar del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74 suspendió de forma temporal esa declaración de esencialidad mientras avanza una demanda. Tras la apelación del Gobierno, el límite vinculado al derecho de huelga sigue vigente hasta que exista una resolución de fondo.
¿Qué más reclama el gremio?
Entre los principales reclamos, ATEP y CTERA exigen una convocatoria urgente a la Paritaria Nacional Docente y una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo de los docentes frente al contexto económico actual.
A esto se suma la restitución y el pago del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y de los fondos nacionales destinados a educación, la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo, y la defensa del sistema previsional público frente a una eventual reforma jubilatoria.
El gremio también rechaza el proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que pone en riesgo la educación pública, y reclama mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas estudiantiles, conectividad y programas socioeducativos.