Macri manda a la Legislatura un Código Contravencional con multas de hasta $58 millones

El jefe de Gobierno porteño envió este miércoles a la Legislatura un proyecto para reformar el Código Contravencional con penas más duras, nuevas faltas y un régimen especial para reincidentes. La iniciativa abarca desde el alcohol al volante hasta los trapitos, la venta ilegal y el acecho en la vía pública.

La propuesta modifica la Ley 1.472 (Código Contravencional) y la Ley 12 (Procedimiento Contravencional). El texto eleva multas, amplía las tareas de utilidad pública y extiende los días de arresto para quienes rompan la ley en la Ciudad.

"No hay Ciudad para los porteños de bien si el Estado se arrodilla frente a las mafias y los violentos", sostuvo Jorge Macri al presentar la iniciativa. Y agregó: "Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos".

Alcohol al volante, venta ilegal y trapitos: los números del proyecto

El apartado más contundente es el económico. Conducir alcoholizado pasaría a costar una multa de entre 1.000 y 6.000 UF, lo que equivale a más de $7 millones. A eso se sumaría arresto de 5 a 30 días e inhabilitación de la licencia por un período de 6 meses a 4 años.

La venta ilegal en el espacio público también recibiría un golpe fuerte: las multas podrían llegar a 50.000 UF, unos $58.654.000, cuando el tope actual no alcanza los $15 millones. En tanto, los trapitos reincidentes podrían enfrentar hasta 90 días de arresto.

Los ruidos molestos, como la música a alto volumen en espacios comunes de edificios, también entran en la reforma. Las tareas de utilidad pública pasarían de 1 a 5 días a 3 a 15 días; las multas alcanzarían las 600 UF ($703.848) y se habilitaría la posibilidad de hasta 10 días de arresto.

Nuevas contravenciones: acecho, engaños digitales y datos personales

El proyecto incorpora una serie de conductas que hoy no están tipificadas como contravención. Entre ellas figuran el seguimiento o acecho en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la organización de compraventa informal masiva en el espacio público y la comercialización de datos personales.

También se sancionaría la portación de dispositivos de interferencia de señales, la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público, la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones reiteradas o de agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de materiales aptos para disturbios y el entorpecimiento de los sistemas de videovigilancia pública.

Macri fue tajante respecto del alcance de la norma: "Al delincuente menor de edad que rompe la ley sabiendo que no va a tener consecuencias; al que acosa, sigue o acecha a una persona en la calle; al estafador que se hace pasar por un banco para engañar a alguien y robarle sus datos; al puntero que financia agrupaciones violentas; al delincuente que lleva una bomba molotov a una manifestación: a todos ellos, bajo mi gestión, se les terminó la impunidad".

Reincidencia: registro propio y penas que suben hasta el 100%

La reforma suprime la condena en suspenso y, para adultos, excluye la suspensión del proceso a prueba como solución alternativa. El plazo general de prescripción de la acción se mantiene en dos años.

En materia de reincidencia, el texto crea un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público y establece aumentos de pena escalonados: 50% para la primera reincidencia, 66,6% para la segunda y 100% para la tercera.

Qué pasaría con los adolescentes de 14 a 17 años

La iniciativa también alcanza a los menores de esa franja etaria, pero con un régimen diferenciado que no replica el esquema de adultos. Según el proyecto, apunta a la responsabilidad, la educación, la integración social y el interés del adolescente.Para ese grupo se prevén medidas como amonestación formal, acompañamiento de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adecuadas a la edad y las aptitudes.

El paquete ya está en manos de la Legislatura porteña, que deberá debatirlo en los próximos meses.