Madre que atacó a docentes en Neuquén podría terminar presa: la Justicia define su futuro

La Justicia neuquina está a punto de dictar sentencia en un caso que sacudió al sistema educativo: una madre que golpeó a dos directivas y amenazó a una profesora podría ir a prisión efectiva. El fallo se conocerá este viernes y es el primero bajo la nueva ley de protección docente.

El caso ocurrió en abril de 2025 en el Instituto de Formación Docente (IFD) 12 de Neuquén. Mariela Farías, la acusada, protagonizó dos días de violencia que quedaron filmados y se viralizaron. Ahora, la fiscalía y la querella piden que sea declarada responsable de lesiones leves y amenazas simples.

¿Por qué podría ir a la cárcel?

La combinación de delitos que se le imputan a Farías tiene una pena máxima de tres años. Sin embargo, la mujer ya tiene una condena previa y otros antecedentes penales. Según fuentes de la querella, eso haría que la pena se cumpla de manera efectiva y no en suspenso. “Puede ir a la cárcel”, advirtieron a LM Neuquén.

El juicio se realizó ante el juez unipersonal Juan Ignacio Guaita, con la fiscal Lucrecia Sola como acusadora y el abogado Fernando Gómez defendiendo a la imputada. Este viernes a las 12, en la Sala 15 de la Ciudad Judicial, se conocerá el veredicto.

Qué pasó en el IFD 12

El 21 de abril de 2025, Farías amenazó a la profesora de inglés de su hija porque le había llamado la atención a la adolescente por usar el celular en clase. Al día siguiente, a pesar de que el equipo directivo le había prohibido ingresar, volvió a la escuela acompañada de otra hija mayor de edad.

Una vez adentro, atacó a la directora y a la vicedirectora: las arrastró por el suelo y las tomó de los cabellos. Un estudiante filmó el episodio y el video se difundió rápidamente en las redes sociales, lo que generó una ola de repudio y aceleró una respuesta legislativa.

La ley 3522 y el caso testigo

La agresión en el IFD 12 no solo llegó a la Justicia, sino que impulsó la sanción de la Ley 3522 de Protección Integral de los Trabajadores de la Educación, promovida por ATEN y aprobada en julio de 2025. Recién este año fue reglamentada por el Gobierno provincial mediante el decreto 701/2026.

La norma permite a las escuelas labrar actas y denunciar agresiones, y contempla sanciones que van desde multas hasta arresto contravencional. El abogado querellante Mariano Mansilla, junto a su equipo, expresó su optimismo: “Somos optimistas que obtendremos una sentencia condenatoria y que, sumada a la sanción de la ley aprobada, nuestra provincia puede dar una vuelta de página a situaciones que nunca debieron ocurrir”.

Un problema que crece

El caso del IFD 12 no es un hecho aislado. En los últimos meses se registraron episodios de violencia en escuelas como la 200, la 147, el jardín 29 de Centenario y el CPEM 9 de El Chocón. El propio Gobierno provincial reconoció un aumento de conflictos en las escuelas durante los últimos años.

En mayo, el Ejecutivo provincial convocó a una cumbre de urgencia con la Justicia y los gremios ATEN y SADOP para diseñar una guía común de intervención. Todos coincidieron en que el problema trasciende el ámbito escolar. Semanas antes, ATEN había pedido formalmente una reunión interministerial por lo que consideró una ola de violencia.

Para el ambiente docente, lo que se defina este viernes va más allá de la situación judicial de una mujer. Es la señal de si la Justicia pondrá límites a una dinámica que se repite: padres o madres que ingresan a las escuelas a resolver conflictos a los golpes. Muchos lo vinculan con una dificultad social más amplia para manejar el enojo sin violencia.