Madrugada en Diputados: la denuncia de Moreau que apuntó a funcionarios y el proyecto que quedó en pausa

La Libertad Avanza y sus aliados consiguieron lo que buscaban: frenar el dictamen de minoría de la oposición y devolver a comisiones el proyecto de Endeudamiento Familiar. La maniobra se concretó pasadas las 3 de la madrugada, cuando la secretaria parlamentaria del oficialismo, Silvana Giudici, pidió el regreso a comisión. La moción prosperó con 121 votos a favor, 117 en contra y 5 abstenciones.

Unión por La Patria intentó que el tema no prosperara para poder avanzar con su propio despacho, pero la sesión terminó con la jugada del bloque oficialista. Fue el cierre de una jornada maratónica en la que, desde el arranque, sobrevoló la sospecha de que los temas emplazados por la oposición no llegarían a votarse.

Cómo votaron los diputados pampeanos

Por La Pampa, Martín Ardohain (PRO) y Martín Matzkin (LLA) acompañaron la iniciativa. En contra se pronunciaron Ariel Rauschenberger, Varinia Marín y Abelardo Ferrán, los tres de Unión por La Patria.

El tablero final se definió con las abstenciones de cinco cordobeses: Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca y Carlos Gutiérrez. Juan Brugge votó con LLA, igual que Lourdes Arrieta y Sergio Capozzi. El resto de Provincias Unidas lo hizo en contra.

La denuncia de Moreau en pleno recinto

La sesión tuvo un momento de alta tensión cuando Cecilia Moreau interrumpió a su compañera de bloque Cristina Andino para denunciar la presencia de funcionarios del Gobierno que, según ella, estaban presionando a legisladores. “Me preocupa que a esta hora de la madrugada estén llamando a diputados para que no se rechace el dictamen del oficialismo”, señaló.

La diputada fue más allá y comparó la situación con otro episodio: “Se está viviendo, una vez más, un proceso como el que se vivió con (Edgardo) Kueider”. A su lado, Germán Martínez coincidía con la denuncia.

Qué dice el proyecto de mayoría

La iniciativa había sido emplazada por la oposición el 9 de septiembre. Sin embargo, la composición de las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor le permitió al oficialismo quedarse con el despacho de mayoría. A diferencia del régimen de condonación de deudas que proponían Unión por La Patria y el Frente de Izquierda, este texto apunta a un marco de transparencia crediticia y educación financiera.

El proyecto obliga a las entidades financieras y comerciales a informar de forma clara, comprensible y accesible las tasas de interés, el valor de las cuotas, las comisiones, los seguros asociados y el costo total de la financiación. La idea es que el consumidor tenga toda la información para comparar alternativas y decidir con mayor previsibilidad.

Uno de los ejes centrales es la visibilidad del Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA), el indicador que resume el verdadero costo de una financiación. El texto exige que ese dato se destaque y no quede relegado detrás del monto de la cuota o de tasas promocionales, una práctica que dificulta la comprensión real del compromiso asumido.

También incorpora medidas de protección en entornos digitales: autenticación reforzada, consentimiento informado para ciertas operaciones y mecanismos para tramitar reclamos y pedidos de reintegro ante posibles fraudes. Suma contenidos de educación financiera sobre créditos, costos de financiamiento, protección de datos, fraude digital y derechos de los usuarios.

En materia de control del consumo, permite a los titulares de tarjetas fijar límites de gasto inferiores al límite de crédito otorgado. Incluye mecanismos de portabilidad para trasladar una financiación a otro proveedor en mejores condiciones y prevé notificaciones inmediatas y gratuitas a los titulares cuando se registren consumos desde cuentas o perfiles asignados a menores de 18 años.

Las voces del debate

El oficialista Santiago Pauli, miembro informante del dictamen de mayoría, sostuvo que buscan “un marco común de reglas para los que otorgan crédito, como para los que acceden al crédito”. Luego detalló los objetivos: transparencia, acceso al perfil de riesgo crediticio, consentimiento efectivo con autenticación reforzada, un botón de arrepentimiento utilizable en los primeros 10 días hábiles, más educación financiera y mayor defensa contra el fraude.

“Que en el caso de los menores, esos consumos sean informados inmediatamente a sus mayores. Que las personas puedan implementar autolímites, con límites menores a los que les son otorgados”, agregó Pauli, que también defendió la portabilidad del crédito: “Que haya libertad de elegir, porque el crédito es una herramienta fundamental para que los argentinos puedan crecer”.

El radical Martín Lousteau citó los dichos de Javier Milei sobre los créditos, entre ellos que los montos que se prestan son bajos. Para Lousteau, si los montos son bajos y la gente no puede pagarlos, eso significa que no le alcanza la plata o que el interés es muy alto. “O las dos cosas juntas”, estimó.

El diputado explicó que el 40% de los deudores deben menos de 90 mil pesos y no pueden pagarlos. “Primero, porque cayó el poder adquisitivo; pero no solo eso. Producto de cómo fue diseñado el plan económico, subieron los gastos fijos de las familias en el AMBA”, comentó, y mencionó servicios, alquiler y prepagas, con un porcentaje superior al de la inflación, que fue de 336%. “La incidencia de los gastos fijos se llevó además de un 10% de los ingresos, un 8% adicional”, añadió.

Lousteau también apuntó contra el Presidente: “Cuando Alberto Fernández en helicóptero, Milei dijo que ‘casta es tener tiempo para perder, mientras la gente no llega a fin de mes’. Bueno, él está perdiendo el tiempo en España, con un viaje más caro que el del presidente Fernández, mientras la gente no llega a fin de mes”.

La peronista Kelly Olmos recordó que habían logrado un nivel de acuerdo que les permitió tratar la situación de la discapacidad y también “un tema que el Ejecutivo trató de eludir sistemáticamente: el problema masivo que afecta a una gran cantidad de argentinos y es el problema de la morosidad y el sobreendeudamiento”.

“Más de 6 millones de argentinos han ingresado en mora. Es decir, tienen una irregularidad de más de 90 días, muchos de los cuales ya están en nivel 4 y nivel 5”, detalló Olmos, y advirtió que cuando los acreedores pasan esa deuda a pérdida, el deudor queda prácticamente muerto desde el punto de vista de sus oportunidades crediticias.

La titular de la Comisión de Economía, Julia Strada, enumeró una serie de aumentos en el transporte y lo sintetizó como “un problema de ingresos”. Apuntó contra Milei por sus dichos sobre los endeudados y contra Marcos Galperín, director ejecutivo de Mercado Pago. “Es un problema de índole macroeconómico, le guste o no le guste al presidente”, afirmó.

Strada también apuntó al titular del Banco Central, Santiago Bausili: “El que se quería perpetuar en el BCRA publicó un informe donde consigna que el 63% de los morosos están en situación 5 en el VERAZ que hace más de 365 días están morosos”. Y remató: “¿De qué televisor del Mundial está hablando el presidente?”.

Para fustigar el proyecto opositor se sumó la diputada del Pro Daiana Fernández Molero, que pidió imaginar qué pasaría en 2028 si el dictamen de minoría “del kirchnerismo y asociados” se aprobaba esa madrugada. “Si una familia quiere cambiar la heladera, será más difícil conseguir crédito; un trabajador independiente se queda afuera del mercado de crédito, habrá tasas más altas”, ejemplificó.

“Pueden pasar todas estas cosas porque se está poniendo topes de tasas, rompiendo contratos del pasado y alterando barreras de entrada a la competencia”, agregó, y comparó la iniciativa con la Ley de Alquileres derogada por el DNU 70/23, a la que llamó “Lipovetzky II”. “Eso, para mí, no puede pasar”, resumió.