Malargüe vuelve a mirar al cobre: la Ley 9739 ya está publicada y habilita el proyecto San Romeleo, a apenas 2,5 kilómetros de La Payunia. Las condiciones que deberá cumplir con el agua y la fauna son la clave de lo que viene.
El proyecto minero Cobre San Romeleo quedó formalmente habilitado para avanzar en Malargüe. El Gobierno de Mendoza publicó este lunes 2 de noviembre la Ley 9739, que aprueba su Declaración de Impacto Ambiental y abre la puerta a la reactivación de una explotación de cobre en el sur provincial.
La norma había sido sancionada por la Legislatura el 21 de octubre. Con su publicación, entra en vigencia este martes 3 de noviembre.
Qué es San Romeleo y dónde está
El emprendimiento pertenece a LABSA S.A. y será operado por AREX MINING S.A. Se ubica a unos 160 kilómetros al sur de la ciudad de Malargüe, a 20 kilómetros del río Grande y a solo 2,5 kilómetros de la Reserva Natural La Payunia.
La diferencia con otros proyectos cupríferos de la provincia es el destino de la producción: San Romeleo no apunta a concentrados para exportación, sino a fabricar derivados del cobre con uso industrial y agrícola.
Según la documentación presentada ante las autoridades provinciales, el objetivo es obtener óxido de cobre y luego producir sulfato de cobre pentahidratado, un compuesto que se usa en tratamientos agrícolas y en la vitivinicultura. La iniciativa contempla una vida útil estimada en 20 años y una capacidad de procesamiento inicial de 40 toneladas diarias de mineral.
Las cifras que proyecta el expediente
Las proyecciones incorporadas al expediente ambiental prevén una producción anual de 222 toneladas de óxido de cobre en una primera etapa y de 710 toneladas de sulfato de cobre pentahidratado en una segunda fase.
El desarrollo incluye la rehabilitación de caminos, la instalación de plantas de procesamiento, áreas de acopio y otras obras complementarias para que la explotación funcione.
Cómo fue la votación y quién cuestionó el proyecto
La Cámara de Diputados dio sanción definitiva al proyecto el 21 de octubre. La votación contó con el respaldo de la mayoría de los bloques políticos, mientras que La Unión Mendocina votó en contra.
Durante el debate, el diputado Jorge Difonso cuestionó la falta de determinados estudios sobre amenazas naturales y riesgos asociados al emprendimiento. Legisladores de otras bancadas, en cambio, destacaron el potencial del proyecto para abastecer de insumos a la producción agrícola.
El camino ambiental previo
Antes de la aprobación, el proyecto atravesó un procedimiento de evaluación ambiental que incluyó informes técnicos, tres talleres participativos y una audiencia pública realizada el 6 de diciembre de 2025 en Malargüe.
Del proceso participaron organismos como el Departamento General de Irrigación, el INTA, el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Tecnológica Nacional.
Agua y fauna: las condiciones que deberá cumplir la empresa
Uno de los ejes centrales de la Declaración de Impacto Ambiental es la protección del recurso hídrico. La empresa deberá contar con las autorizaciones y el balance hídrico aprobado por el Departamento General de Irrigación antes de hacer movimientos de suelo, además de implementar sistemas de medición y controles sobre la calidad del agua superficial y subterránea.
Por la cercanía con La Payunia, el proyecto también queda sujeto a exigencias sobre biodiversidad: estudios de flora y fauna, protocolos de rescate de animales, medidas para reducir la fragmentación de hábitats y controles sobre los efectos de la actividad minera.
A eso se suma la obligación de contratar un seguro de recomposición ambiental y presentar planes de cierre y recuperación del área intervenida.
Qué dice la ley y qué falta
La Ley 9739 aprueba la Declaración de Impacto Ambiental emitida mediante la Resolución Conjunta 600/2026 de la Dirección de Minería y 74/2026 de la Dirección de Gestión y Fiscalización Ambiental. El cumplimiento de esas condiciones es obligatorio para desarrollar el emprendimiento.
Con la publicación en el Boletín Oficial, la norma entra en vigencia este martes 3 de noviembre. La empresa deberá cumplir los requisitos ambientales y administrativos que quedan pendientes antes de iniciar las actividades autorizadas.
La legislación también exige actualizar periódicamente los estudios de impacto ambiental y someter a evaluación cualquier modificación de las instalaciones o de los procedimientos previstos.
