Malvinas como escudo: la estrategia del Gobierno para frenar la sesión por las deudas
Más de 20 millones de argentinos están endeudados y casi 6 millones no pueden pagar. La oposición quiere tratar 50 proyectos esta semana, pero el Gobierno usa Malvinas para frenarlos. ¿Qué puede cambiar para tu bolsillo?
Mientras la oposición afina los detalles para sentar en el recinto a unos 50 proyectos sobre el endeudamiento de las familias, el Gobierno redobla sus esfuerzos para evitar que la sesión de este miércoles prospere. El clima de euforia que dejó la cadena nacional por Malvinas se convirtió en la principal carta del oficialismo para ganar tiempo y desactivar una avanzada que amenaza con opacar su centralidad política.
Según pudo saber Diario La Voz del Chaco, el Ejecutivo ya comenzó a operar sobre los gobernadores de Santa Fe, Salta y Tucumán para que den un paso al costado y no acompañen el quórum. La movida apunta a desmembrar el bloque opositor, que hace dos semanas logró imponerse en la Cámara de Diputados con la reforma de la carta orgánica del Banco Central.
“No creo que aprueben la ley, y si la aprueban no van a poder sostener nunca un veto”, se desentendió un operador libertario, mientras en el oficialismo repiten la línea que trazó Javier Milei: el endeudamiento es un problema entre privados y el Estado solo puede intervenir de manera indirecta, apostando a la credibilidad del modelo y a la baja de la inflación.
La presión sobre los gobernadores
En la oposición miran con atención los movimientos de los mandatarios que hace dos semanas se habían comprometido con la avanzada opositora. Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta) están ahora en la mira. “El Gobierno está presionando”, advierten desde las filas opositoras.
Mientras tanto, en el oficialismo se mueven con cautela. Puertas adentro, Martín Menem y Diego Santilli dialogan con los aliados para desactivar la sesión. Para afuera, se muestran confiados: aunque la oposición consiga el número para sesionar, solo logrará avanzar con el emplazamiento de comisiones. Y, a diferencia del año pasado, el Gobierno tiene los votos para sostener cualquier veto presidencial.
En las provincias, el reclamo también resuena. Cuando la Nación no se hace cargo, los gobiernos locales quedan en el ojo de la tormenta. La caída de la recaudación y la presión sobre hospitales y clínicas provinciales se combinan con un aumento de la morosidad familiar. Por eso, varios gobernadores ya impulsan respuestas locales, como el mendocino Alfredo Cornejo, que presentó una ley de alivio financiero, o el chubutense Nacho Torres y el cordobés Martín Llaryora.
50 proyectos, un solo problema
La oposición enfrenta un doble desafío: frenar el boicot del Gobierno y, al mismo tiempo, unificar criterios entre los 50 proyectos presentados. El diagnóstico es compartido –la caída de los ingresos y la eliminación de controles en el otorgamiento de créditos duplicó la morosidad en dos años–, pero las soluciones apuntan a universos distintos.
Hay más de 20,9 millones de endeudados, de los cuales casi 6 millones no están pudiendo pagar sus deudas. Algunas iniciativas, como la de la peronista Kelly Olmos, proponen que quienes tengan deudas de consumo de hasta tres Canastas Básicas Totales –más de $1,5 millones– puedan ingresar a un régimen de regularización con condonación del 100% de los intereses punitorios, planes de pago de hasta 36 cuotas y suspensión de embargos.
Otras, como la de Natalia Zaracho e Itai Hagman (Patria Grande), plantean la creación de un fondo que compre y reorganice deudas de personas con ingresos de hasta seis salarios mínimos ($2,3 millones) y sin vehículo ni propiedad a su nombre. En ese caso, las cuotas no podrían superar el 30% de los ingresos del deudor.
También hay proyectos que apuntan a endurecer las reglas para bancos, tarjetas y fintech. El radical Pablo Juliano, por ejemplo, propone que las aplicaciones evalúen la capacidad real de pago de los usuarios y que informen con claridad las comisiones y el costo financiero total. La mayoría de las iniciativas coinciden en regular las prácticas de cobranza para impedir el hostigamiento a los deudores.
En un mar de propuestas, la oposición busca presentar una propuesta unificada que no genere costo fiscal. El objetivo es evitar que Milei los acuse de “degenerados fiscales” y dificultar así la justificación de un eventual veto presidencial. La pulseada, que se definirá este miércoles, marcará el ritmo de una agenda política en la que el endeudamiento familiar se convirtió en la nueva bandera opositora.
