Malvinas: el Gobierno ya tiene 60 expedientes listos, pero las sanciones no salen

La Casa Rosada abrió en septiembre procedimientos administrativos contra 60 personas y compañías vinculadas a actividades económicas en las Islas Malvinas, pero hasta ahora no firmó ninguna resolución sancionatoria definitiva. La demora ocurre mientras el oficialismo no logra destrabar en Diputados la nueva Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que Milei quiere aprobar para ampliar las penalidades.

Las actuaciones están en manos de Cancillería, que las maneja con reserva junto a la Secretaría Legal y Técnica. “Lo está manejando la Secretaría de Malvinas de forma confidencial con Legal y Técnica”, dicen en el Ejecutivo cuando se les pregunta si puede haber penalidades antes de que se vote la ley. Otros despachos oficiales evitaron poner fecha para las primeras resoluciones.

Qué se anunció y qué falta

El 4 de septiembre, la Oficina del Presidente informó que Cancillería había iniciado actuaciones contra 45 personas humanas y jurídicas por presuntas violaciones a la Ley 26.659. Cuatro días después sumó a otras 15, entre empresas, accionistas y proveedores de actividades hidrocarburíferas en el archipiélago.

Hasta ahora, esos anuncios corresponden solo a la apertura de expedientes y no a la imposición efectiva de sanciones. La legislación vigente ya permite inhabilitar de cinco a veinte años a quienes exploren o exploten hidrocarburos sin autorización argentina o participen de operaciones prohibidas, pero antes hay que determinar la responsabilidad de cada involucrado.

El Decreto 868/2026, publicado el 4 de septiembre, buscó acelerar esas investigaciones: designó a Cancillería como autoridad de aplicación, fijó un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores presenten descargos y reforzó la coordinación entre organismos. También incorporó controles del RIGI para verificar el cumplimiento de la ley sobre actividades hidrocarburíferas en Malvinas.

La ley que Milei quiere y la interna que la frena

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, enviado a Diputados el 17 de septiembre, reemplazaría la normativa actual por un régimen que alcance la explotación no autorizada de recursos renovables y no renovables, con sanciones más duras para empresas, accionistas y proveedores. También prevé restricciones comerciales y mecanismos para impulsar el abandono de las actividades cuestionadas.

“No vamos a adelantar la jugada, pero la nueva ley permitiría sanciones más severas y herramientas más fuertes para sancionar el accionar de actividades económicas de todo tipo en las islas”, sostuvo un funcionario del Ejecutivo.

El problema no es la ley en sí, sino el Consejo de Seguridad Nacional que Milei quiere crear para coordinar defensa, inteligencia y relaciones exteriores. El organismo estaría presidido por el Presidente e integrado por representantes de Jefatura de Gabinete, Cancillería, Defensa, Economía, Inteligencia y Legal y Técnica. Los bloques aliados exigen sumar a Diputados y al Senado y establecer controles legislativos sobre sus decisiones.

“Deberían ceder con lo del Consejo de Seguridad y aceptar lo que proponen de sumar a Diputados y Senado”, dijo a TN un funcionario involucrado en las negociaciones. La misma fuente advirtió: “Así como está no sale. Las últimas modificaciones se las rechazaron”.

En el oficialismo consideran que una comisión bicameral de seguimiento no alcanza si el Congreso no tiene facultades para intervenir en determinadas actuaciones. La Secretaría Legal y Técnica presentó alternativas, pero no logró el respaldo necesario.

Estados Unidos, en el medio

La controversia también llegó a Washington: existe la posibilidad de que las sanciones afecten a compañías y fondos de inversión estadounidenses con participaciones indirectas en proyectos vinculados a Malvinas. El vicesecretario de Estado Christopher Landau reconoció el jueves que su administración sigue con atención los intereses de sus empresas, aunque aclaró que Estados Unidos respeta el proceso legislativo argentino.

En la Casa Rosada descartan avanzar contra grandes fondos financieros si una medida así compromete la relación bilateral. Milei recibió el viernes a Landau después de una serie de encuentros entre funcionarios de ambos países para profundizar la cooperación económica y de seguridad. El canciller Pablo Quirno defendió públicamente la iniciativa y sostuvo que la legislación vigente no ofrece todas las herramientas para proteger los intereses argentinos.

El Gobierno rechaza que las observaciones estadounidenses impliquen una exigencia formal para retirar el proyecto, pero mantiene abiertas las negociaciones sobre su redacción. “Es parte de una agenda con USA que no pueden frenar. Milei no lo va a permitir”, afirmó una fuente oficial.

La otra vía: el tribunal de Hamburgo

En paralelo, la Argentina presentó una acción internacional contra la explotación de hidrocarburos del proyecto Sea Lion, impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. El 13 de octubre solicitó medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar actividades en el Atlántico Sur. El organismo, con sede en Hamburgo, fijó audiencias para el 10 y el 11 de noviembre, donde se escucharán los argumentos argentinos y británicos. Esa presentación es independiente de los procedimientos administrativos contra las empresas.

El próximo paso del Gobierno es definir si logra destrabar la negociación parlamentaria y cuándo avanzará con las resoluciones sancionatorias iniciadas en septiembre. En Balcarce 50 aseguran que Milei mantiene la decisión de impulsar la ley completa y rechazan separar las penalidades por Malvinas de los capítulos de seguridad nacional. Las diferencias por el Consejo, las observaciones de Estados Unidos y la falta de acuerdos en Diputados mantienen abierto el calendario, mientras Cancillería sigue con las actuaciones administrativas.