Malvinas: el guiño que el Gobierno le hizo a Estados Unidos para destrabar la ley

Después de dos semanas de idas y vueltas, con un reclamo estadounidense en el medio y una ronda de reuniones entre el Ejecutivo y sus aliados, el oficialismo consiguió el dictamen del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. La iniciativa endurece las sanciones para las actividades extractivas en aguas argentinas cercanas a las islas Malvinas y avanza sobre la seguridad interior. La intención del Gobierno es llevarla al recinto el 12 de noviembre.

El texto necesitaba 53 firmas y reunió 60. Para llegar a esa mayoría, La Libertad Avanza aceptó una serie de cambios que recortaron el alcance original de la norma.

Qué se modificó para sumar apoyos

Las sanciones a extranjeros quedaron acotadas a los espacios circundantes a Malvinas y ya no abarcan todos los "espacios marítimos e insulares". También se limitaron a la "provisión de bienes o servicios esenciales" en lugar de alcanzar a todas las "operaciones económicas".

Además, se eximió de las condenas a las tenencias minoritarias de hasta 2% y se redujeron las penas de prisión previstas en la primera versión, aunque se conservaron las máximas para quienes estén vinculados a hidrocarburos.

Los aliados insistieron en una mayor participación parlamentaria. Por eso se estipuló la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento, integrada por cuatro diputados y cuatro senadores, que deberá recibir las medidas tomadas en un plazo de 48 horas.

También se restringió de forma expresa la intervención del Consejo de Seguridad Nacional en motivos internos, aunque el organismo mantiene la potestad de elaborar la política de Seguridad Nacional. Se removerían las referencias a las "campañas de desinformación masiva" y, más adelante, a la "campaña de injerencia extranjera", por el posible impacto sobre medios de comunicación y ONGs.

El plenario y los apoyos

El dictamen salió en el plenario de las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto. Acompañaron el PRO, la UCR, los provincialistas de Argentina Federal y la mitad del bloque de Provincias Unidas (Núñez, Capozzi, Farías), que presentó otros dos proyectos por separado.

Desde la conducción libertaria destacaron la formulación de la ley y las negociaciones con la diputada Silvana Giudici, cuyo texto final terminó de tomar forma en la noche del lunes. "Cuando hay internas en La Libertad Avanza, aparecen las presiones sobre nosotros", reconoció una de las aliadas firmantes al proyecto.

El peronismo, al igual que el FIT, presentó su propia redacción, concentrada en las sanciones a las actividades económicas y en la continuidad del reclamo en los organismos multilaterales. "Podríamos estar aprobando el proyecto por unanimidad, pero un capricho de un pendejo genera estas cosas: para que le vaya a vender a no sé qué amigo a los EEUU le genera un problema al Congreso argentino", criticó Germán Martínez, titular del bloque de Unión por la Patria.

Los puntos principales del proyecto

Entre las propuestas que establece la iniciativa de "Defensa de la Soberanía Nacional" figuran:

Multas e inhabilitaciones. Se prevén multas económicas severas sujetas al precio del barril de petróleo, inhabilitaciones de 5 a 20 años y penas de prisión de hasta 20 años para quienes exploren o exploten hidrocarburos y recursos naturales sin autorización argentina en el territorio soberano. Hay excepciones para participaciones accionarias de hasta 2% y para motivos de inversión pasivos.

Condenas de hasta 12 años. Se aplican a personas vinculadas con organizaciones o Estados extranjeros en situaciones de "actos de violencia" o "campañas de injerencia".

Consejo de Seguridad Nacional. Se crea con una estructura permanente encabezada por el Presidente e integrada únicamente por miembros del Poder Ejecutivo, que quedan habilitados para establecer sanciones y elaborar la política de Seguridad Nacional.

RePET. Se reglamenta legalmente el vigente Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su financiamiento, que puede incluir personas cuando existan "motivos razonables para sospechar", con la UIF como órgano rector.

Asesores extranjeros. Se prohíbe que participen de campañas electorales.

Comisión Bicameral. Se creará un cuerpo de seguimiento con 4 diputados y 4 senadores.

Buques peligrosos. El Presidente de la Nación, el ministro de Defensa o el prefecto nacional naval podrán autorizar a inutilizar buques que se consideren peligrosos.

Inversiones extranjeras. Requerirán conformidad previa o revisión del Consejo las inversiones de un Estado extranjero o de empresas que controle en defensa, telecomunicaciones, espacio, energía, hidrocarburos, minería o infraestructuras críticas.