Malvinas: el inédito reclamo argentino que podría frenar en un mes el proyecto Sea Lion

La Cancillería argentina se prepara para dar un paso sin precedentes en el derecho internacional: iniciará un arbitraje con pedido de medidas provisionales para frenar de inmediato el avance del proyecto Sea Lion, la iniciativa de exploración y explotación de hidrocarburos que empresas privadas impulsan en las Islas Malvinas. La movida se enmarca en la ofensiva que el Gobierno nacional desplegó en las últimas semanas contra el Reino Unido, el gobierno isleño y las compañías involucradas.

Un mecanismo con reglas propias

Para entender el reclamo hay que remontarse a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR), creada en diciembre de 1982 y vigente desde noviembre de 1994. Su sistema de resolución de controversias es clave: al firmar y ratificar el tratado, cada país elige de antemano el ámbito donde dirimirá cualquier conflicto futuro. Una suerte de "jurisdicción a la carta".

Las opciones son cuatro:

- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, Alemania.
- La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos.
- Un Arbitraje General, integrado por abogados y juristas.
- Un Arbitraje Especial, con expertos técnicos y científicos.

La Argentina eligió el Tribunal Internacional del Derecho del Mar como prioridad. El Reino Unido, en cambio, optó por la Corte Internacional de Justicia. Cuando los ámbitos de preferencia no coinciden, la convención obliga a formar un tribunal ad hoc para cada caso: un árbitro por país y otros tres designados de común acuerdo entre las partes.

Los tiempos no son rápidos. Armar ese tribunal puede llevar hasta seis meses, y el procedimiento completo hasta el laudo —el fallo de los árbitros— podría estirarse años, sin un plazo predeterminado. La decisión, eso sí, será vinculante para el país que deba adecuarse a lo resuelto.

La jugada para no perder tiempo

Como el proceso de fondo promete ser largo, la Argentina pedirá medidas provisionales —cautelares— ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar. El objetivo es que ese órgano, que es permanente y no requiere conformación especial para cada caso, dicte una resolución inmediata mientras se sustancia el arbitraje. No sería la primera vez: en octubre de 2012, ese mismo tribunal ordenó la liberación incondicional de la Fragata Libertad, retenida en el puerto de Tema, en Ghana.

El equipo técnico argentino confía en que los jueces entiendan que corresponde ordenar la suspensión de las actividades de Sea Lion. El argumento: se están poniendo en riesgo recursos naturales no renovables, como los hidrocarburos, en una zona bajo disputa, tal como la consideran las propias Naciones Unidas.

El Tribunal del Mar tiene un mes para expedirse sobre la medida provisional. La incógnita es si aceptará intervenir o se declarará incompetente al entender que se trata de una cuestión territorial y no de mares u océanos.

Lo que se juega

Puertas adentro del Gobierno admiten que se trata de uno de los movimientos más osados que la Argentina haya adoptado en el marco del derecho internacional. Pero también subrayan que, de salir favorable, sentaría un antecedente de peso para futuros litigios vinculados con la exploración y explotación de recursos en torno a las Islas.