Malvinas: el plan del Gobierno avanza en Diputados, pero hay un detalle que nadie esperaba

El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que impulsa el Gobierno de Javier Milei comenzará a debatirse el próximo miércoles en la Cámara de Diputados, en un plenario de comisiones que arrancará a las 12. La iniciativa, que el Presidente anunció por cadena nacional, será analizada por las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto, todas conducidas por libertarios: Carlos Zapata, Laura Rodríguez Machado y Juliana Santillán, respectivamente.

Este viernes, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, definió el cronograma. La primera reunión será informativa, con expositores invitados, pero sin firma de dictámenes. El oficialismo ya prevé una segunda convocatoria para el martes 6 de octubre, donde buscará cerrar el debate y firmar los dictámenes para habilitar el recinto el miércoles 7, en una sesión especial que pedirá Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza.

¿Qué dice el proyecto?

La propuesta ingresó a la Cámara baja el 17 de septiembre. El Gobierno la presentó como “un hito en la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y un avance legal sin precedentes en la historia de nuestro país”.

El texto ratifica que las islas y los espacios marítimos e insulares correspondientes integran el territorio nacional, y fija como objetivo permanente su recuperación y el ejercicio pleno de la soberanía. Según los fundamentos oficiales, busca “castigar a quienes explotan nuestros recursos naturales de forma ilegítima; generar los incentivos necesarios para que los involucrados cesen en dicha conducta; y dotar al Estado Nacional de las herramientas indispensables para protegerse frente a amenazas externas”.

Uno de los cambios centrales es la derogación de la Ley 26.659 y la ampliación del esquema sancionatorio a otros recursos naturales, renovables y no renovables, explotados sin autorización de la Argentina. El proyecto prevé penas de cinco a siete años de prisión, multas equivalentes a entre 20.000 y 100.000 barriles de petróleo e inhabilitación especial para quienes, a sabiendas, provean bienes o servicios esenciales a los sujetos alcanzados por la norma.

Los efectos van más allá de lo contemplado en la normativa actual: los sancionados no podrán desarrollar actividades económicas en el país, perderán exenciones impositivas o previsionales, verán revocadas sus habilitaciones y deberán rescindir contratos que se ejecuten total o parcialmente en la Argentina. Además, quedarán impedidos de contratar con el Estado nacional, las provincias, los municipios y cualquier persona o empresa radicada en el país.

La iniciativa también crea el Consejo de Seguridad Nacional, que será encabezado por el Presidente de la Nación y funcionará como órgano rector del Sistema de Seguridad Nacional. Entre sus atribuciones figuran asistir al Presidente en cuestiones de seguridad nacional, elaborar la Política de Seguridad Nacional y aprobar las políticas sectoriales de los distintos integrantes del sistema.

Las voces críticas

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal manifestó su preocupación por algunas normas del proyecto. En un primer análisis, la entidad consideró que la defensa de la soberanía y la protección de las instituciones democráticas frente a injerencias extranjeras son objetivos legítimos del Estado, pero advirtió que los instrumentos para alcanzarlos deben respetar los derechos y garantías de la Constitución Nacional.

“La prevención de injerencias extranjeras no puede traducirse en disposiciones cuya amplitud afecte la libertad de expresión, la circulación de información o la participación en el debate público”, planteó el Colegio. Para la entidad, algunas disposiciones no serían compatibles con los principios de un derecho penal liberal, porque ciertos comportamientos alcanzados por graves sanciones penales o administrativas presentan vaguedad e indeterminación que impiden delimitar con claridad su alcance. El principio de legalidad exige que las conductas prohibidas estén claramente determinadas, sobre todo cuando pueden dar lugar a sanciones de considerable gravedad.

La presidenta del Colegio de Abogados, Alejandra García, señaló: “La defensa de la soberanía nacional es, desde luego, un objetivo legítimo del Estado. Pero precisamente por la importancia de lo que está en juego, las herramientas que se utilicen deben respetar rigurosamente la Constitución. Nos preocupan especialmente aquellas disposiciones del proyecto que, por su amplitud o falta de precisión, pueden comprometer el principio de legalidad, la libertad de expresión y el debido proceso. La protección de nuestras instituciones democráticas no puede hacerse a costa de las garantías que constituyen su fundamento”.

La posición del MID

En la previa al debate, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), representado en el Congreso por los diputados Oscar Zago y Eduardo Falcone, fijó su postura. Planteó la necesidad de combinar la defensa de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas con responsabilidad institucional, realismo estratégico y una perspectiva de desarrollo nacional.

Entre sus principales puntos, el MID afirma que la soberanía no se sostiene únicamente con declaraciones y que requiere ampliar las capacidades materiales de la Nación en inversión, infraestructura, energía, industria, ciencia, tecnología, defensa y presencia estatal. También advierte que el alcance integral del proyecto debe ser explicado con transparencia y reclama no desconocer las atribuciones constitucionales del Congreso.