Malvinas: el pozo que puede cambiar todo y la advertencia argentina en el Tribunal del Mar

La delegación argentina cerró este martes su presentación ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar con una advertencia que resonó en la sala: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”. El equipo jurídico que representa al país en Hamburgo busca frenar el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, en la cuenca norte de las Islas Malvinas, y pidió medidas provisionales urgentes antes de que el Reino Unido avance con la explotación.

Durante la segunda jornada de audiencias, los abogados argentinos insistieron en que la corte tiene competencia preliminar para intervenir, que existe un riesgo real de daño irreparable y que no hay tiempo que perder. La frase que resume la posición oficial se repitió en distintos tramos: “Es ahora o nunca”.

El contraataque británico y la réplica argentina

El especialista Marcelo Kohen, integrante del equipo, cuestionó con dureza la postura del Reino Unido. Lo hizo en francés, uno de los idiomas aceptados por el tribunal, y advirtió que la disputa por la soberanía “no transforma las áreas marítimas alrededor de las Malvinas en una especie de mar británico donde el Reino Unido sería libre de explotar recursos como le plazca”.

Kohen recordó que la Asamblea de la ONU pidió a las partes abstenerse de tomar medidas unilaterales mientras avanza el proceso de descolonización. “Lo hizo cuando el Reino Unido comenzó a considerar la explotación de hidrocarburos”, señaló desde el estrado, y agregó que si la soberanía está en disputa, también lo está el área marítima.

El jurista subrayó además que el tribunal no necesita pronunciarse sobre la soberanía para ordenar medidas provisionales que preserven los derechos de las partes.

El riesgo irreversible que preocupa a la Argentina

Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, tomó la palabra para detallar el impacto que podría tener el proyecto. Según expuso, el 10 de diciembre de 2025 la situación cambió: Sea Lion pasó de la exploración a un programa concreto de explotación de hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción proyectada de 310,5 millones de barriles.

Schrijver advirtió que una vez perforado el primer pozo, el daño será irreversible. Frente a una sala colmada y con la delegación británica observando, se dirigió a los jueces: “Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, y cerró con una frase en inglés que quedó flotando: “If not now, it will be never”.

El cierre de Oyarzábal: los cuatro requisitos y la maniobra británica

Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente designado ante el tribunal, estuvo a cargo del cierre de los argumentos argentinos. Reafirmó que el país acreditó pruebas y fundamentos jurídicos suficientes para cumplir con los cuatro requisitos que exige el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos invocados, riesgo real e inminente de perjuicio irreparable y urgencia.

La Argentina sostiene que el tribunal tiene competencia preliminar porque existen fundamentos suficientes para considerar que la disputa involucra la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR). En concreto, argumenta que mientras persista la controversia, el Reino Unido no puede avanzar unilateralmente en la explotación de recursos naturales no renovables y generar daños irreparables antes de que el tribunal arbitral pueda intervenir.

Oyarzábal rechazó el intento británico de desviar el eje de las audiencias y presentar el caso como una discusión sobre soberanía territorial. Según expuso, esa maniobra busca cuestionar la competencia del tribunal y lograr que la solicitud argentina sea rechazada, cuando el objeto real del procedimiento es obtener medidas urgentes para impedir la explotación unilateral de recursos en disputa.

El funcionario reiteró formalmente las cuatro medidas solicitadas: impedir nuevas perforaciones e instalaciones de producción vinculadas con Sea Lion; evitar el uso perjudicial de información obtenida mediante exploración; permitir que Argentina cumpla sus obligaciones de protección del medio marino; y prevenir nuevas medidas que agraven la controversia.

Qué pasa ahora y la advertencia final

Con las audiencias concluidas, resta esperar la decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. No hay un plazo establecido para el pronunciamiento, pero el antecedente de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó aproximadamente tres semanas, ofrece una referencia. Los representantes argentinos insisten en que el caso requiere una resolución rápida para impedir que el Reino Unido avance con la explotación.

Fuentes allegadas a la delegación remarcaron la confianza en la solidez de la estrategia jurídica y en el rigor técnico de los argumentos, pero dejaron en claro que la defensa de los derechos soberanos continuará más allá del fallo. “El reclamo argentino no comienza ni termina con esta resolución”, dijeron, y aclararon que esta instancia busca medidas provisionales para suspender las actividades ilegítimas de explotación mientras avanza el procedimiento arbitral ya iniciado.

También señalaron que el país seguirá utilizando “todas las herramientas jurídicas, legales y diplomáticas a su disposición para impedir la explotación ilegítima de sus recursos naturales”, con la misma firmeza y rigor técnico que, según afirmaron, demostraron en estos años de gobierno de Javier Milei. Y volvieron sobre la urgencia: “Es ahora o nunca”.

La delegación argentina trabaja en Hamburgo en el marco de la misión oficial. El equipo jurídico está integrado por María Ibarzábal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia; Mario Oyarzábal, consejero Legal de la Cancillería y agente ante el tribunal; la embajadora argentina en Alemania, Betina Pasquali de Fonseca, como co-agente; y los internacionalistas Marcelo Kohen y Nico Schrijver a cargo de la defensa, junto al asesor jurídico Agustín Giustiniani.